La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alertó posibles ejecuciones extrajudiciales en Coyomeapan por parte de la Policía Estatal de Puebla, durante la emboscada contra pobladores el 9 de mayo, donde murieron tres personas, entre ellas un menor de edad.

En un comunicado exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar los hechos de manera completa, exhaustiva e independiente, mientras que al gobierno estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta demandó otorgar protección a las personas heridas y a las familiares de quienes murieron.

La emboscada ocurrió en Cobatzalco, del municipio de Zoquitlán, en donde participaron efectivos de la policía estatal causando la muerte a tres personas de la comunidad indígena de Coyomeapan, incluido un líder de la comunidad y un menor de edad; otras seis más resultaron con heridas graves.

ONU-DH llama a esclarecer los hechos violentos contra integrantes de la comunidad de Coyomeapan, Puebla 

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— ONU-DH México (@ONUDHmexico) June 1, 2022

Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, expuso “este tipo de acciones no corresponde a una policía civil que actúa bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal".

Todo hecho en el que un agente estatal haya ocasionado la muerte a una persona debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente, en un plazo razonable, siendo responsabilidad del Estado aportar toda la información necesaria que permita acreditar fehacientemente que se cumplió con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, agregó. 

La ONU - DH recomendó al Estado mexicano respetar y garantizar el derecho al territorio y a la libre determinación de la Comunidad Nahua de Coyomeapan.

A casi un año del conflicto en #Coyomeapan, los asesinatos y detenciones que se registraron de manera irregular contra pobladores hicieron que la @ONUDHmexico exija investigaciones imparciales al gobierno de @MBarbosaMX. pic.twitter.com/F3ZYvkSheV

— Periódico e-consulta (@e_consulta) June 2, 2022

El pasado 26 y 27 de mayo, en seguimiento al caso, la ONU - DH realizó una reunión con las víctimas sobrevivientes de la emboscada ocurrida el pasado 9 de mayo en manos de policías estatales, también se entrevistaron con Basilisa Montaño Gutiérrez, Eruviel Águilar Gómez, Anastasio González Sanginez, y Gonzalo Martínez Herrera, cuatro pobladores nahuas que se encuentran privados de la libertad desde el pasado mes de septiembre de 2021.

De acuerdo con la información reunida, la ONU-DH informó que una hipótesis fundamental de la investigación es la relación que existe entre las ejecuciones extrajudiciales y la criminalización de las personas de Coyomeapan con la disputa por el control de los recursos naturales de la zona y el conflicto post electoral que se vive en la comunidad nahua desde el 6 de junio del 2021, por parte de la familia Celestino Rosas que gobierna desde hace 11 años.

El organismo internacional exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE)de Puebla a continuar los esfuerzos en torno a la investigación pronta, exhaustiva, independiente independiente e imparcial para que se esclarezcan los hechos y se sanciones a los autores materiales e intelectuales de los mismos.

También exhortaron a las autoridades a brindar atención y protección a las personas afectadas y a sus familias, así como para las personas defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena de Coyomeapan.

La ONU-DH reiteró su compromiso para seguir brindando su asesoría y cooperación al Estado mexicano para la efectiva incorporación a los procesos de investigación de los estándares internacionales relevantes en la materia, así como para la inclusión del enfoque de derechos humanos en las acciones para garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.
La Oficina expresó sus condolencias a la familia y amistades de las tres personas fallecidas.

Gobierno poblano omitió la recomendación de la CNDH

Tras la detención por parte de la población, de cuatro personas que intentaron ingresar a Coyomeapan con la presunta intención de asesinar a 11 líderes indígenas, en diciembre del 2021, la CNDH solicitó medidas cautelares al gobierno de Puebla para la protección de esta comunidad, sin embargo, 5 meses después se registró el homicidio de tres personas.

Aunque los pobladores solicitaron la intervención del gobierno de Puebla que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, es hasta ahora, casi un año después de que inició el conflicto, que se ha pronunciado al respecto en sus conferencias matutinas.

Pero de diciembre a mayo omitió las medidas de protección que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a autoridades del gobierno poblano y al comandante de la Guardia Nacional en esa entidad, para salvaguardar la seguridad, vida e integridad personal de los pobladores del municipio de Coyomeapan, debido a que recibieron amenazas de ataques violentos. 

Los sucesos iniciaron el 14 de diciembre del 2021, cuando los habitantes del mencionado municipio detuvieron a cuatro personas armadas que ingresaron a la comunidad con la supuesta intención de asesinar a 11 defensores indígenas, tres de los cuatro detenidos lograron escapar, quedando una persona bajo custodia de los pobladores.

Habitantes del municipio recibieron amenazas, telefónicas de la persona detenida, en las que se asegura que, de no liberar a la persona armada volverán "a terminar el trabajo para el que fueron contratados", motivando con ello que el colectivo nacional "Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos" solicitara la intervención de este Organismo Autónomo, a través de un escrito de queja.