Los contratos por honorarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla revelan que familiares de Gabriela Arratia Escobar y ella, pareja del director de Diario Cambio, José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, ostentaban cargos en la gestión del exauditor Francisco Romero Serrano, a quien la UIF atribuye los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones con recursos ilícitos, en colusión con Arturo Ruda y el diputado federal Ignacio Mier Velazco.

De 2020 a 2022 el órgano fiscalizador contrató a Gabriela, María José Arriata Escobar (su hermana).

Mientras tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló aparente lavado de dinero, evasión fiscal y blanqueo de capitales a través de la empresa Multisistema de Noticias Cambio S de RL de CV, de la que son socios Mier Velazco y Rueda Sánchez de la Vega, y donde Romero Serrano era contador hasta noviembre de 2019, cuando fue nombrado titular de la ASE.

ASE contrata por honorarios

Gabriela Arratia Escobar y María José Arratia Escobar también fueron contratadas bajo el mismo concepto. La primera recibía 20 mil pesos mensuales, mientras que la segunda obtuvo en total 380 mil 623 pesos por seis contratos.

El de Gabriela fue un contrato de salarios asimilados para trabajar de mayo a septiembre de 2020 en el área jurídica, sin especificar las funciones que ejercería.

Gabriela Arratia fue asistente de la alcaldesa de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarún, y trabajó con el ex director general de Comunicaciones del gobierno de Puebla, Marcelo García Almaguer, durante la gestión del difunto exgobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas.

Al concluir su contrato eventual con la ASE, la plaza vacante fue entregada a su hermana María José Arratia Escobar.

Desde 2020 y hasta 2022, su hermana María José Arriata firmó seis contratos por diferentes montos por “servicios profesionales independientes”, a pesar de que en su currículo se ostenta como agente inmobiliaria y licenciada en Turismo Internacional, egresada de la Universidad Anáhuac de Puebla.

Los contratos no detallan la actividad específica a realizar y tampoco la obligaban a presentarse a trabajar en las instalaciones de la ASE.

En total le fueron entregados 6 contratos desde junio de 2020 a enero del 2022 por diferentes montos dando como resultado un total de 380 mil 623 pesos.

En febrero de 2022 María José Arriata presentó su renuncia a la ASE, al mismo tiempo que Romero Serrano ya era investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de violencia familiar y luego por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el cual fue detenido, vinculado a proceso y encarcelado en el penal de San Miguel.

En ese entonces Romero Serrano denunció que cinco trabajadores de su confianza fueron obligados a renunciar, mientras que el encargado de despacho de la ASE, Rubén de la Fuente Vélez, aseguró que los trabajadores presentaron su renuncia voluntaria.