La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que luego de auditar al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), detectó que entre 2019 y 2020 se “perdieron” 9 mil millones de pesos de dinero público.

La ASF realizó a Segalmex dos auditorías, en las que encontró cuentas pendientes por 9 mil 36 millones de pesos, entre solicitudes de aclaración y señalamientos por presuntos desfalcos al erario.

La cantidad extraviada equivale al presupuesto federal que Segalmex ejerció en 2019, su primer año de existencia, cuando gastó los 9 mil 463 millones de pesos que le fueron asignados extemporáneamente, pues no se le consideró durante la elaboración del presupuesto 2019.

De esa cifra, 2 mil 31 millones son considerados un probable daño patrimonial que deben ser recuperados, del cual destaca un monto por 909.9 millones de pesos por incumplimientos de contratos de prestación de servicios que sí fueron pagados.

De los 7 mil 5 millones de pesos restantes, que todavía pueden ser aclarados, destacan 2 mil 854 millones 656 mil 841.17 pesos, por irregularidades como la inexistencia de las boletas de recepción y liquidación o las transferencias bancarias de los productores que acrediten la entrada de grano a los centros de acopio.

Asimismo, debe comprobarse que 1 mil 445 millones de pesos fueron destinados a los más de 520 millones de litros captados a pequeños y medianos productores de leche. De igual forma no hay documentación que acredite la existencia física de inventarios de maíz y frijol para los que se destinaron 1 mil 496.2 millones de pesos.

En su breve existencia, el organismo enfrenta una denuncia penal por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que la acusó en enero de 2022, por “posibles irregularidades cometidas por servidores públicos” en el uso de recursos para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.

En julio del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó una investigación al interior del organismo por compras simuladas, desvío de subsidios, asignaciones directas a empresas fantasmas y faltantes en inventarios que ascienden a millones de pesos.

La red de grupo Aura

Otro de los casos más sonados recientemente fueron los desarrollos de lujo pertenecientes a Grupo Aura, convertidos en la segunda inversión más grande de Yucatán, que fueron financiados por una presunta red de corrupción a través contratos con Segalmex.

Esta se realizó a través de dos vías: una red de seis empresas operada por un facturero, que recibió contratos por 800 millones de pesos de Segalmex y que incumplió con entregar costales, tarimas, pesticidas y lonas que servirían para almacenar los granos que benefician a millones de productores del campo.

Y la segunda a través de dos convenios por hasta 8 mil millones de pesos, firmados con la empresa Grupo Vicente Suárez 73, para procesar y vender leche a Liconsa, los cuales se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los contratos eran obtenidos a través de René Gavira Segreste, quien entre 2012 y 2018 ocupó distintos puestos directivos en la alcaldía Cuajimalpa y fue director de Administración y Finanzas en Segalmex, por lo que tuvo bajo su control el presupuesto y la adjudicación de contratos, hasta su salida en junio de 2020, cuando fue cesado por corrupción.

Segalmex es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), creado mediante decreto emitido por el Ejecutivo Federal, el 18 de enero de 2019 para unir a Diconsa y Liconsa, así como favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población más rezagada del país.