Tres altos funcionarios de Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), la llamada Conasupo de la 4T, fueron destituidos de sus cargos, luego de que se comprobaron presuntos ilícitos y actos de corrupción en dicha dependencia que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha documentado desde agosto del 2020, las anomalías al interior de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un organismo descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Agricultura.

El 26 de agosto del 2020, MCCI documentó que una empresa fundada por Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió en unos cuantos días dos contratos de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que implicaban un pago de hasta 4 mil millones de pesos para procesar y vender leche a Liconsa, aun cuando la compañía y el empresario no tenían experiencia en ese ramo.

Puente Córdoba creó Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV el 11 de noviembre de 2014 como una empresa de la construcción y fue hasta el 3 de diciembre de 2018 —a los dos días del cambio de gobierno— cuando se añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.

En enero de 2012, mientras se desempeñaba como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), Puente fue nombrado titular del Consejo de Participación Ciudadana de la extinta PGR, y desde ese cargo hizo negocios en la propia dependencia, según documentó el periódico Reforma en distintos reportajes.

En julio del 2021, MCCI reportó que durante sus dos primeros años de operación, Segalmex —conocida como la Conasupo de la 4T— otorgó casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la SEDATU.

El socio y operador de tres de esas compañías participaba en una facturera identificada oficialmente por el SAT como simuladora de operaciones.

Un día después de la publicación de ese reportaje, Mexicanos contra la Corrupción informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había iniciado una investigación sobre posibles actos de corrupción en Segalmex.

La investigación involucraba a René Gavira Segreste, quien entre 2019 y 2020 fue el director de Administración y Finanzas de Segalmex y el responsable de otorgar multimillonarios contratos irregulares por adjudicación directa.

Algunos de esos contratos son los que había revelado MCCI por casi 800 millones de pesos a una red de seis compañías, cuyos socios han participado en empresas fantasma y en desvíos en el ISSSTE y en la SEDATU.

Gavira Segreste salió de la dependencia federal en julio de 2020, en medio de señalamientos de corrupción y malos manejos.

El 16 de agosto del 2021, MCCI informó que el gobierno de López Obrador había abierto investigaciones y congelado cuentas a Grupo Kosmos por supuestas irregularidades en contratos del anterior sexenio, pero había reclutado como directivo de Segalmex a Bernardo Fernández Sánchez, quien además de continuar como socio de ese conglomerado empresarial, fue su director corporativo entre 2016 y 2018, periodo en el que obtuvo contratos por casi 4 mil millones de pesos para venderle alimentos al gobierno de Enrique Peña Nieto.

A los pocos meses de que Fernández Sánchez se integró al equipo directivo de Segalmex, esa dependencia entregó un contrato por 15 millones de pesos a Productos Serel, una de las empresas que forman parte de Grupo Kosmos, según se constó en documentos obtenidos por MCCI.

El exdirector corporativo de Kosmos trabajaba desde el 1 de diciembre de 2018 como director de operaciones en Liconsa, mientras que el contrato a Serel lo otorgó Diconsa el 2 de mayo de 2019. Ambas áreas (Liconsa y Diconsa) pertenecen a la estructura de Segalmex.

La destitución de funcionarios

El gobierno federal informó este miércoles que la Secretaría de la Función Pública ordenó una fiscalización a Segalmex, Diconsa y Liconsa de los años 2019, 2020 y 2021, lo cual arrojó presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales.

Por estos hechos fueron presentadas denuncias ante la FGR, reportó el gobierno federal.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, decidió así separar de su cargo a diversos servidores públicos, nombrando temporalmente a Juan Francisco Mora Anaya, quien actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, Diconsa y Liconsa, como responsable de las Direcciones Comercial y de Operaciones de Liconsa.

Asimismo, designó provisionalmente a Alma Contreras Garibay como encargada de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Aunque el comunicado no menciona los nombres de los funcionarios que fueron destituidos, la dirección comercial estaba a cargo de Manuel Lozano Jiménez, quien firmó algunos de los contratos investigados por la SFP, mientras que el director de operaciones era Bernardo Fernández Sánchez, socio y ex ejecutivo de Grupo Kosmos.