Una investigación de Mexicanos contra la Corrupcion y la Impunidad (MCCI) revela la existencia de una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela.

Entre 2019 y 2020, ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y en la Ciudad de México utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela.

La red se frenó abruptamente cuando Estados Unidos intervino para desmantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab, presunto prestanombres y operador financiero del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Según registros de comercio exterior, las empresas señaladas facturaron más de 64 millones de dólares, equivalentes a unos mil 200 millones de pesos.

Entre 2019 y 2020 revivió una nueva estructura con comercializadoras ubicadas en Fresnillo, Zacatecas, Veracruz y CDMX, y empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato.

Los dueños de esos negocios se asociaron con Patricia Mundarain Guzmán, acusada de desvío de fondos públicos en Venezuela, y con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex Alcalde chavista Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en aquel país.

La nueva estructura también es operada por empresarios vinculados al régimen de Maduro que compra alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP).

En 2018, las compras de México para los CLAP se detuvieron al exhibirse la mala calidad de alimentos vendidos con sobrecosto y con un aparente esquema de corrupción, lavado y evasión fiscal.

Red de importadoras y factureras

La red de importadoras no sólo sirvió para operaciones simuladas de “factureras”. También fue utilizada por otras empresas, como la Integradora de Productores del Estado de México (IPEM) y la Empacadora Abeto SA de CV, cuyos accionistas han establecido sociedades de negocios con las venezolanas Patricia Mundarain y Mayerling Villanueva, ligadas a acusaciones de corrupción en su país de origen.

En 2019 se sumaron al envío de alimentos a Venezuela las empresas Comercializadora y Productora de Semillas Veracruzana SA de CV y Empacadora y Comercializadora de Granos del País, ambas vinculadas con IPEM y Abeto, con quienes han compartido socios, administradores y apoderados.

Entre 2019 y 2020, esas cuatro empresas relacionadas exportaron a Venezuela alimentos por 39 millones de dólares, según registros de operaciones en aduanas.

En la lista de exportadoras de alimentos entre 2019 y 2020 también hay empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato, como es el caso de Alpacking, ubicada en Apodaca, que envió víveres a Venezuela por 8.6 millones de dólares con la intermediación de Gardfield Trading, de Hong Kong.

La IPEM fue creada en abril de 2011 y tiene su domicilio en el Municipio de Tres Valles, en Veracruz. Su director es Óscar Francisco Sandoval Nieves, quien tiene participación en al menos tres compañías creadas en Panamá entre 2017 y 2019: Integradora PANAM-México, Thalesis Holding Group y E.G.S. El Gigante de Sudamérica.

En la última empresa está asociado con Patricia José Mundarain Guzmán, una venezolana prófuga por desfalco a Petróleos de su país, a través de empresas fantasma.