Personal del Poder Judicial del estado, con apoyo de la Policía Estatal, realizó una diligencia por un mandato judicial en las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), donde preliminarmente se informó del aseguramiento de vehículos y documentos de la institución.

La mañana de este martes, decenas de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal llegaron hasta el campus universitario ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, con la finalidad de tomar el acceso ubicado en la lateral de la Recta a Cholula y del lado de la 14 Oriente.

Llegaron también vehículos oficiales, algunos de ellos sin rótulos, con personal del Poder Judicial del Estado  y de la Fiscalía General del Estado, presuntamente a fin de dar cumplimiento al mandato judicial, cuya naturaleza precisa se desconoce.

#AlMomento | Personal de la Policía Auxiliar llega para resguardar las instalaciones de la @udlap. Vía: @AlbertoMelchorM pic.twitter.com/SQAx2lJzgL

— Periódico e-consulta (@e_consulta) June 29, 2021

A la llegada de las autoridades, el personal de la institución comenzó a desalojar sus instalaciones. Trabajadores y alumnos que se encontraban en laboratorios y bibliotecas fueron saliendo del campus tanto a pie como en sus vehículos.

Aunque inicialmente se dijo que personal de la Guardia Nacional había intervenido en el operativo, la corporación a través de su cuenta de Twitter lo desmintió. Se sabe que en el lugar no intervienen autoridades federales.

e-consulta pudo constatar que algunos de los vehículos oficiales se retiraron del lugar con cajas cargadas con documentos, además de que dos camionetas tipo Chevrolet Express propiedad de la institución fueron aseguradas y remolcadas con grúas.
 

En mayo pasado un juez civil de la Ciudad de México ordenó un embargo precautorio en contra de la fundación Mary Street Jenkins, para lo cual pidió la colaboración de las autoridades judiciales del estado de Puebla a fin de darle cumplimiento.

En su momento, la familia Jenkins de Landa rechazó que el embargo ordenado por un juez de lo civil de la Ciudad de México pueda causar ejecutoria y aseguró que se trata de una medida ilegal porque excede su competencia.