• Seguridad

Denuncian a ministeriales por extorsión y tortura

  • Alberto Montero
La familia de un comerciante también responsabiliza a un juez por no detener los supuestos abusos
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Familiares de un vendedor de productos de limpieza así como de cubrebocas, aprehendido a inicios de año, denunciaron que ha sido objeto de  tortura y otros abusos por lo que interpuso un amparo ante la justicia federal.

Los familiares piden la intervención de las autoridades correspondientes para que se investigue el caso a fondo y se sancione a los responsables.

Relataron que el 7 de enero agentes ministeriales detuvieron a Ignacio Cruz Lerma acusándolo de posible lavado de dinero. Sin orden de aprehensión y con violencia, entraron a su domicilio en el Fraccionamiento Zerezotla en el municipio de San Pedro Cholula para golpearlo y detenerlo.

En la acción, la hija de Cruz Lerma, una joven de 19 años de edad que documentaba los hechos, también fue agredida por los agentes investigadores, quienes además se apoderaron de joyas, relojes y dos vehículos que estaban estacionados en la calle.

Los familiares de Cruz Lerma dijeron que tras ser detenido y puesto a disposición de un juez de control, tuvo audiencia en la Casa de Justicia de Cholula y finalmente realizada en Centro de Justicia Penal de la 11 Sur por parte del juez de la causa Aarón Hernández Chino, por fallas técnicas.

Cuando Ignacio Cruz fue retirado de la sala de oralidad fue golpeado por agentes estatales y ministeriales para que se declarara culpable y delatara a sus supuestos cómplices, situación que fue puesta del conocimiento de los abogados del detenido, y a su vez, del juez de control al cual también responsabilizaron de no poner un alto a los actos de tortura.

Por todo lo anterior, en días pasados la defensa legal de Ignacio interpuso un amparo para buscar la protección de la justicia federal, se revise el actuar de los agentes ministeriales y los actos de los que es inculpado su cliente.

Finalmente, la familia del investigado mencionó que días antes al arresto de Ignacio, dos mujeres que se identificaron como elementos de la Fiscalía Anticorrupción - Unidad Especializada en Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita –, llegaron al establecimiento de Ignacio para decirle que era investigado de lavado de dinero y si quería que lo ayudaran a evitar su detención, debía darles medio millón de pesos.

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