Las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades de 1 mil 334.3 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2019 en el gobierno de Puebla serán aclaradas en un periodo de 30 días, informó el mandatario, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Por ahora, refirió que desconoce si las observaciones del tercer informe de la ASF incluyen a acciones de sus funcionarios en los cuatro primeros meses de su administración, pero que todos tendrán una respuesta.

“¿Qué pasa con esas observaciones? Se les notifican a esas dependencias, en este caso a los gobiernos estatales a través de las Secretarías de la Función Pública o Contraloría, como se llamen, y tienen 30 días hábiles para aclarar y desahogar las mismas. Entonces el gobierno del estado, a través de sus dependencias involucradas tendrán 30 días hábiles”, dijo.

El mandatario declaró que en 2019 hubo tres gobernadores que utilizaron recursos públicos, el primero fue Jesús Rodríguez Almeida, como encargado de despacho; Guillermo Pacheco Pulido, como gobernador interino, y cinco meses de su administración.

“Vamos aclarar todas las observaciones que se hayan puesto. Ahorita en este documento todavía no se especifican en qué periodo son, no hay todavía detalles en ese documento, sino en todo el anexo con la notificación vendrán y eso será atendido como siempre se atiende”, reiteró.

Entre las irregularidades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se detectó un probable daño patrimonial de 27 millones 365 mil 822 pesos en obras del gobierno de Puebla y la Comisión Estatal del Agua (CEAS) en los municipios de Huejotzingo, Soltepec, Los Reyes de Juárez, Huehuetlán El Chico, Teteles de Ávila Castillo, Ahuehuetitla y Zapotitlán, entre otros.

En seguridad pública, la Auditoría reporta que no acreditaron la compra de equipo y cursos para policías en los que supuestamente gastaron 96 millones 428 mil 100 pesos.

Anomalías en la SEP, del gobierno interno

Las principales anomalías que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Secretaría de Educación es el destino de 43 millones 480 mil 136 pesos en pago a personal que pidió licencia, fue despedido y hasta fallecidos.

Además del pago de un monto de 15 millones 568 mil 597 pesos a 27 trabajadores comisionados a la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que dirige Alejandro Ariza Alonzo. Los docentes ocupan 27 plazas.

Además de un monto superior a 2 millones 371 mil pesos a 76 trabajadores fallecidos y otro más de 519 mil 509.82 pesos para otros 11 empleados muertos. 

En respuesta, la Secretaría de Educación que dirige Melitón Lozano informó que las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) corresponden al gobierno interino que actuó del 21 de enero al 31 de julio de 2019.

“Esto significa que la actual administración estatal no tiene las observaciones mencionadas”, destaca en un comunicado compartido a e-consulta. 

Si bien existe un pliego de observaciones, reiteró que la ASF otorgó un plazo para solventarlas y a la fecha no existe sentencia de las observaciones, la dependencia está dentro del tiempo que marca la ley para responder. 

“El secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez dio instrucciones inmediatas para solventar el pliego; una vez que exista una resolución será la ASF la que informe a las instancias correspondientes el resultado”, concluye.