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Encuentra la ASF quebranto por 27.3 mdp en obras del gobierno de Puebla

  • Héctor Llorame
El gobierno de Puebla no ejerció 8.2 millones de pesos y no los devolvió a la Federación
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño patrimonial de 27 millones 365 mil 822 pesos en obras del gobierno de Puebla y la Comisión Estatal del Agua (CEAS).

En su tercera entrega de fiscalización de la cuenta pública 2019 instruyó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado a investigar y sancionar las anomalías, a fin de recuperar los recursos.

Las obras con irregularidades se construyeron en HuejotzingoSoltepecLos Reyes de JuárezHuehuetlán El ChicoTeteles de Ávila CastilloAhuehuetitla y Zapotitlán, entre otros.

La cuenta pública 2019 corresponde al gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y a los primeros cuatro meses de la administración de Miguel Barbosa Huerta.

Se quedan subejercicio

Del monto total, 8 millones 526 mil 171 pesos corresponden a recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) que el gobierno de Puebla no utilizó y no devolvió a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8,526,171.48 pesos (ocho millones quinientos veintiséis mil ciento setenta y un pesos 48/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019 que tienen las instancias ejecutoras en sus cuentas bancarias, los cuales no han sido reintegrados a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17”, ventila el informe de la ASF.

A la vez señala que el gobierno estatal no comprobó el destino de 7 millones 227 mil 598 pesos, que supuestamente se gastaron en ocho municipios.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7,227,598.18 pesos (siete millones doscientos veintisiete mil quinientos noventa y ocho pesos 18/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no entregar la documentación justificativa y comprobatoria de ocho municipios del gasto con recursos del FISE 2019, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, sentencia el reporte.

Por inconsistencias en las fechas en que se reportó la utilización del FISE, se señala un posible mal uso de 1 millón 220 mil 320 pesos.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,220,320.20 pesos (un millón doscientos veinte mil trescientos veinte pesos 20/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, debido a que existen inconsistencias en las fechas de las estimaciones que no justifican el correcto ejercicio del gasto en el periodo de la cuenta pública 2019, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42, y de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, artículos 49, fracción VII, y 6”, indicó la ASF.

Quebranto de 9.4 mdp de CEAS

A la Comisión Estatal del Agua (CEAS) se le atribuye un daño patrimonial de 9 millones 493 mil 863 pesos por la falta de documentación que pruebe su utilización en una obra.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 9,493,863.70 pesos (nueve millones cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos 70/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por la falta de documentación comprobatoria que acredite la amortización del anticipo otorgado del contrato de obra pública número OP/LPNE24/CEASPUE-20191148, ejecutado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla”, denunció la ASF.

La comisión además debe aclarar el destino de 246 mil 362 pesos que transfirió a cuentas ajenas al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, del cual tomó los recursos.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 246,362.42 pesos (doscientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta y dos pesos 42/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por las transferencias a otras cuentas bancarias ajenas al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de las cuales no se acreditó que correspondan a obras y acciones establecidas en los apartados del programa y los recursos sin ejercer que a la fecha, no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación, y permanece en las cuentas bancarias de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla”, reveló la Auditoría federal.

Pagaron 156 mp a asesores fantasma

Con los recursos de Escuelas de Tiempo Completo el gobierno de Puebla pagó supuestamente a dos asesores 156 mil 600 pesos, pero no acreditó su contratación ni el trabajo que cumplieron, además de que el monto involucrado está fuera de norma.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 156,600.00 pesos (ciento cincuenta y seis mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación por el pago de dos asesores externos especializados que excedió los montos mensuales establecidos en la normativa; además, por no presentar los contratos respectivos ni los comprobantes de los periodos en los que desempeñaron sus funciones en las escuelas, en incumplimiento de los Lineamientos 2019 del desarrollo de habilidades musicales mediante la Conformación de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles”, exhibió la ASF.

Estas irregularidades se suman a otras que también detectó la auditoría en el gobierno de Puebla, como pagos a “aviadores”, compras inexistentes y cursos para policías de los que no se comprobó su contratación.

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