Venta de evaluación de riesgos, “moches” y acoso contra el personal femenino, son frecuentes en la Policía Procesal adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Puebla (SSP), tras la llegada de mandos de origen chiapaneco, los cuales hacen alarde de estar “apadrinados” por funcionarios de alto rango, según denunciaron fuentes al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 

Acusaron que el actual director de la Policía Procesal, de apellido Gamaliel, quien llegó de la mano del secretario de Seguridad Pública Estatal (SSP) Raziel López Salazar, autoriza, firma y aprueba las ventas de las evaluaciones de riesgo, entre 30 y 50 mil pesos.

Dichas evaluaciones son presentadas ante los jueces para argumentar la alta o baja peligrosidad de un detenido, y de esta forma, se contribuye a que los defensores en algunos casos, logren que los acusados pasen su proceso en libertad sin necesidad de que se le imponga prisión preventiva justificada, de tal manera que pueden recurrir a una exhibición económica, firma cada ocho o quince días y otras medidas cautelares diversas a la prisión.

Además, Gamaliel es señalado de pedir “moches” al personal a su cargo.

Los informantes aseguraron que desde su llegada al cargo, los comandantes de la Policía Procesal, uno de Coordinador de la unidad, también de origen chiapaneco, solo se han dedicado a insultar a la gente a su cargo y a acosar a las elementos mujeres, las cuales, en caso de no acceder a sus peticiones, son castigadas con más trabajo.

De acuerdo con la información compartida a e- consulta, hace unas semanas, policías procesales allegados a los actuales mandos, circulaban a bordo de la patrulla 1124 de la Policía Estatal con placas SM72965, que les había sido asignada. 

Al transitar por la colonia Santa Margarita, un grupo de personas les pidió su ayuda para trasladar a dos presuntos ladrones de autopartes que poco antes habían descubierto en la zona. Sin tener la función de policías aprehensores, los agentes procesales subieron a los supuestos maleantes a la patrulla para posteriormente dejarlos en libertad sin dar parte al agente del Ministerio Público o haber solicitado la intervención de Policías Estatales Preventivos.

Ante este tipo de prácticas, los informantes piden la intervención y atención de las autoridades correspondientes para la dignificación de la Policía Procesal y no seguir manchando el nombre de esta Policía adscrita a la SSP.