Hacia el Primer Informe de Gobierno, la promesa del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de modernizar la administración pública para hacerla más transparente ha contrastado con la forma de actuar de su administración.

Tan sólo en 2020, año del Covid-19, en diferentes organizaciones en pro de la transparencia han señalado deficiencias a la hora de hacer público el uso de los recursos frente a la pandemia.

La opacidad se ha observado también en los contratos de obras; en la continuidad de beneficios para empresas del pasado; en aumentos de costos frente a los de otros años; y en la falta de transparencia de los patrimonios de su gabinete.

Demandan transparencia a Barbosa frente al Covid-19

En mayo, cuando otros estados de la república ya contaban con herramientas para transparentar los gastos relativos al Covid-19, el gobierno de Puebla todavía no habilitaba un sitio especializado.

Así lo señalaron integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla y de otras organizaciones.

Ante las críticas sobre la opacidad en las compras, Barbosa Huerta respondió a los comisionados que recurrieran a los procedimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Transparenta gastos de la crisis a medias

Para el mes de junio se concretó el sitio relativo al COVID-19, pero la transparencia no fue completa pues se descartó hacer públicos a los proveedores, las cantidades de artículos y los procedimientos de compras.

En la primera versión de este portal, revisada por e-consulta el 11 de junio, sólo se informó de manera general que se habían destinado mil 145 millones de pesos a través de 15 áreas del gobierno.

En sus declaraciones sobre la plataforma, Barbosa Huerta aseguró que, con ese sitio, su gobierno cumplía con el compromiso de transparencia y acceso a la información pública.

Al respecto de la opacidad frente a los gastos de la enfermedad, destacó también un posicionamiento de 17 organizaciones encabezadas por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.

Tras un análisis, expusieron que al portal le faltaban padrones de beneficiarios, montos y prácticas de las compras, que había reserva de documentos que debieron transparentarse, incumplimientos legales en los formatos de datos abiertos y falta de desglose de donativos.

Acumula opacidad también en obras, bienes y servicios

Al cierre de 2020 y en el marco del Primer Informe de Gobierno que el 15 de diciembre entregó Barbosa Huerta al Congreso, la organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad, advirtió también sobre otras muestras de opacidad en obras públicas, bienes y servicios.

Esto, como parte de los resultados del reporte Obra pública: fuente inagotable de corrupción e impunidad. Gobierno de Miguel Barbosa: la opacidad y la discrecionalidad en los contratos 2019-noviembre de 2020.

Para el ejercicio analizaron las licitaciones abiertas, de invitación a cuando menos tres proveedores y la adjudicación directa en 17 secretarías y 24 organismos públicos descentralizados.

Entre sus hallazgos destacó que al menos 3 mil 883 millones se habían destinado a contratos de asignación directa sin competencia entre proveedores y que sólo 2.7 de cada 5 pesos gastados habían pasado por la vía de la licitación.

Por otro lado, identificaron que, en 225 contratos, por un monto acumulado de 3 mil 21 millones de pesos, se rebasaron los montos considerados en las leyes de egresos correspondientes a 2019 y 2020.

El reporte de la organización también hace énfasis en las prácticas de opacidad en el año del Covid- 19 que se ha destacado por inversiones extraordinarias para hacer frente a la enfermedad.

De manera general señala que, en 2020, las dependencias de Barbosa Huerta transparentaron 8.3 veces menos recursos contratados respecto a 2019, cuando hasta septiembre reportaban 2 mil 724.8 millones invertidos en la pandemia.

Los contratos, resaltan los activistas en el informe, deben ser transparentados, pero a falta de ellos también probaron por la vía de solicitudes de acceso a la información, con las que también se toparon con opacidad.

Para el ejercicio eligieron al Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) que en 2020 cuadruplicó los montos de contratos de asignación directa frente al año pasado, hasta alcanzar los 439.3 millones de pesos, al cierre del reporte.

De 57 solicitudes que le hicieron al instituto para conocer detalles sobre los procesos, en 29, las autoridades recurrieron a ampliar plazos; en 18, se declararon incompetentes para responder; en seis, argumentaron inexistencia de información y en cinco, dijeron que el acceso era confidencial.

Continuidad de favoritos morenogalistas

Aunado a estas prácticas documentadas por activistas destaca también que, entre las licitaciones conocidas, hay casos de empresas beneficiadas con asignaciones directas tanto con Barbosa Huerta, como en los gobiernos morenogalistas que él ha criticado.

Entre estos casos están las empresas del Corporativo Kosmos, Abastos y Distribuciones Institucionales (Abaid) S.A. de C.V. y Proveedor de Productos Mexicanos JACE S.A. de C.V.

Con montos superiores a los 800 millones de pesos, fueron elegidas para suministrar alimentos al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), los hospitales del sector salud, las policías estatales y los penales de la entidad.

Alzas en bienes y servicios

Por otro lado, están contratos que han resultado más costosos que en otras administraciones también criticadas por el gobernador de Puebla.

Uno de ellos es el de las fotomultas, en el que se comprometieron 773.6 millones de pesos para que la empresa Intecproof S.A. de C.V. preste el servicio durante la gestión barbosista,  mientras que por un periodo similar durante el morenogalismo, se pagaron 151.9.

El argumento de Barbosa Huerta fue que en su gobierno pasarían de 15 a 157 cámaras, así como a una tecnología más sofisticada.

Los uniformes escolares son otro ejemplo del alza en los costos frente a los antecesores del gobernador morenista, pues este año los costos se elevaron hasta un 64.5 por ciento frente a la inversión de Guillermo Pacheco Pulido.

La lista del alza en costos también incluye las tarjetas electrónicas de gasolina, los seguros para trabajadores y contra desastres naturales e incluso los contratos de suministro de agua potable.

El gabinete también es opaco

Un área más del gobierno estatal en la que se ha mostrado poca disposición a la transparencia, es la publicación de las declaraciones de bienes de los integrantes del gabinete.

En una revisión realizada al portal del gobierno estatal en junio de 2020, se observó que 15 de sus colaboradores más cercanos descartaron hacer públicos los documentos, apegados a beneficios de leyes estatales.

El único que hasta esa fecha había decidido transparentar la posesión de un departamento y dos automóviles fue Jorge Humberto Uribe Téllez, pero al momento de la revisión ya había sido removido de la titularidad de la Secretaría de Salud.

Si bien los integrantes del gabinete barbosista se apegaron a previsiones en las leyes, su postura contrastó con la de integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque los funcionarios federales pudieron optar también por la confidencialidad, en su mayoría decidieron publicar documentos desde un inicio y hasta los han actualizado.

Pero exige transparencia a opositores

Mientras que en el gobierno de Barbosa Huerta se han demostrado deficiencia y pendientes en torno a la transparencia, ésta ha sido una bandera que él ha demandado a otros actores políticos con los que mantiene frentes abiertos.

Por ejemplo, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) a la que se le han iniciado investigaciones desde la Auditoría Superior del Estado (ASE) bajo el argumento de que es una institución con opacidad.