El combate a la corrupción es sin duda una de las principales propuestas de la Cuarta transformación. En Puebla con el gobernador Luis Miguel Barbosa es el mismo caso, en las dos campañas en las que participó, tanto en el proceso ordinario 2017-2018 y en el extraordinario en 2019 fue un compromiso claro.

En específico, Barbosa Huerta advirtió durante su campaña en 2019 que el combate a la corrupción no sería ninguna “simulación" como en las administraciones morenovallistas donde no se emitió ninguna sanción contra sus funcionarios públicos y por ello fortalecería la autonomía del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Sin embargo, el cumplimiento de este compromiso se ha dificultado con fallas, suspensiones, alteraciones y hasta falsificaciones en las licitaciones que se han lanzado desde la Secretaría de Administración. Los casos más relevantes fueron para la adquisición de material médico y la renta de las mil nuevas patrullas, de las cuales 200 ya están trabajando.

En el primer caso, del material médico, en la Secretaría de Administración (SA) se alteró el acta de fallo de la licitación pública nacional que emitió el ocho de noviembre para comprar equipo médico, tras evidenciarse que favoreció a la empresa Surtidor de Materiales Hospitalario, Medicinales y Quirúrgicos Jerilap S.A. de C.V.

Documentos en poder de e-consulta muestran que la dependencia remplazó el fallo del procedimiento que publicó en el portal de compras de gobierno Compranet por otro documento en el que se asegura que los artículos médicos adquiridos son de procedencia nacional, cuando originalmente se indicó que eran extranjeros.

Además se evidenció, de igual forma, que las firmas de los representantes de las empresas que participaron en el procedimiento GESALF-007-630/2019 “Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral” también fueron modificadas.

En el concurso de licitación resultó ganador el proveedor Surtidor de Materiales Hospitalario, Medicinales y Quirúrgicos Jerilap, por 11 millones de pesos, que está ligado a Eduardo Alfonso Letayf Acar, quien fue director de Operación e Infraestructura de la Secretaría de Salud cuando el titular era el morenovallista Jorge Aguilar Chedraui.

Modifican documentos oficiales

Según el acta original, identificada con el folio FALLO GESALF-007-630-2019, la empresa en cuestión fue la ganadora de un total de 32 partidas en las que se dividió la compra. De estas, solo en cuatro el equipo médico adquirido se identifica con procedencia mexicana y el resto es extranjero.

En dos partidas la proveedora es Comercializadora Kelly S.A. de C.V; en la tercera es Vor Dent S.A., mientras que la última es Productos Dentales Valdi S.A de C.V.

En las 29 partidas restantes se precisa que los productos son extranjeros: 3 casos son de China y en 12 se indica que son de Pakistán.

En otra se especifica que el material es de Reino Unido, mientras que uno más no aparece en el acta.

La adjudicación del contrato se otorgó a la empresa mencionada pese a que en la junta de aclaraciones, cuya copia del acta también fue entregada a e-consulta, la dependencia respondió en la pregunta 1 que realizó Guiserna S.A. de C.V., que los productos a adquirir debían ser de origen nacional, según el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En la pregunta 68 de la junta, Urbarci, Consultoría y Proveedora de Servicio S.A. de C.V., señaló que tenía en stock los artículos, pero que eran de origen extranjero.

“… independientemente de su procedencia extranjera son bienes de referentes de calidad y principal aceptación en el sector público, por lo que solicitamos sean aceptadas”, expuso. Sin embargo la SA respondió que la propuesta no podía ser aceptada por lo que marca el reglamento.

Vienen cambios

Tras evidenciarse que se autorizó la compra de productos extranjeros pese al impedimento, la dependencia remplazó el acta publicada en Compranet por una identificada con el folio FALLO GESALF-007-630-2019(1), y ahí se asentó que el origen de los productos adquiridos ya era mexicano en todos los casos.

Por otra parte, es posible observar que las firmas de los representantes de las empresas que se asientan en el nuevo documento no son similares al del primer documento.

El resto de los proveedores que participaron en el procedimiento son: Comercializadora Sarhua, Guiserna, Alfabrica Healtcare, Jois Equipamiento y Servicio para la Salud y Urbarci Consultoría y Proveedora de Servicios, Fleuretty de México, Jois Equipamiento y Servicios para la Salud.

Posteriormente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el auditor superior del estado, Francisco Romero Serrano, se comprometieron a investigar la alteración del fallo de una licitación para beneficiar a una empresa proveedora de insumos médicos en Puebla.

“No leo e-consulta, eh... entonces no estoy informado. Esa es una. Entonces voy a informarme ahorita por lo que me dices y ya te respondo en una próxima conferencia de prensa”, justificó Barbosa Huerta.

De manera previa, al ser consultado sobre otras licitaciones, Barbosa Huerta defendió que todos los procedimientos se hacen conforme a la ley, pero las empresas que no ganan los contratos filtran información a los medios de forma malintencionada.

“A todas las empresas se les entregaron copias de todas las etapas del procedimiento de licitación, por eso, los que no ganan, cooorren con el periodista que se dedica a eso, a decir esas cosas (hablar de irregularidades), pero todo está bien, sin corrupción”, afirmó. 

El PAN y el PRI demandaron al gobernador Miguel Barbosa Huerta y a la ASE no encubrir y castigar a funcionarios de alto nivel involucrados en la probable alteración de una licitación para adquirir equipo médico por 11 millones de pesos.

Las dirigencias de ambos partidos exigieron al mandatario y a Francisco Romero Serrano, nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que no quede impune la manipulación de documentos por parte de la Secretaría de Administración para favorecer a Surtidor de Materiales Hospitalario, Medicinales y Quirúrgicos Jerilap S.A. de C.V.

Además los dirigentes Genoveva Huerta Villegas (del PAN) y Lorenzo Rivera Sosa (del PRI) coincidieron en que el caso es un evidente acto de corrupción que se debe castigar.

La panista sentenció que “alguien seguramente se embolsó algunos millones de pesos” para beneficiar a la compañía, por lo que exigió la remoción de los responsables y denunciarlos penalmente.

“Es necesario que los responsables sean destituidos y procesados penalmente, de lo contrario los discursos del gobernador quedarán en simple retórica. Esta es una muestra de que Morena no es lo que predica, sino todo lo contrario: un voraz transgresor de las leyes y refugio para delincuentes de cuello blanco”, acusó. 

Además de alterarse un fallo en la Secretaría de Administración del gobierno estatal para la compra de equipo médico, se aplicaron candados a la licitación que no se observan ni a nivel federal.

Así lo expuso Oscar Gómez, representante de la empresa Comercit S.A. De C.V., la cual fue descalificada en el proceso que a la postre fue ganado por Surtidor de Materiales Hospitalario, Medicinales y Quirúrgicos Jerilap S.A. De C.V.

Expuso que en las partidas en las que participó, ofrecía productos de origen mexicano, como lo pide la normativa, pero los requerimientos del gobierno estatal incluían además certificaciones internacionales adicionales en materia de calidad.

Esta práctica, destacó, no se presentó cuando su empresa fue contratada para proveer indumentaria hospitalaria al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Desde su perspectiva, señaló, los motivos por los que a ellos los descalificaron fueron ajenos a la propuesta que se hizo para surtir a la administración poblana.

"Nosotros creemos que nos descalificaron porque había algo atrás", dijo.

Mil patrullas de inmediato…

Aunque el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta se comprometió en su toma de protesta a que se tendrían mil patrullas nuevas para la policía estatal “de manera inmediata”, estas unidades no serán compradas, sino que se rentarán por un periodo de poco más de dos años.

De acuerdo con el proceso de licitación pública nacional GESAL-002-456/2019, se rentarán mil patrullas tipo pick up por un periodo de 27 meses, lo que implicaría que las unidades estarían en circulación sólo hasta marzo de 2022. 

El gobierno del estado emitió una nueva convocatoria para elegir a la empresa que rentará mil patrullas, sin opción a compra, cuyo fallo se estableció para el 18 de octubre.

La administración estatal emitió el procedimiento GESAL-007-456/2019, después de que declaró desierto un primer concurso debido a que las tres empresas que se inscribieron incumplieron con los requisitos técnicos.

El fallo original sería el 18 de octubre

De acuerdo con los términos del concurso que se difundió primero en el diario Excélsior la apertura de las propuestas económicas debería realizarse el 16 de octubre, para que el fallo se emitiera el día 18.

“Se requiere la contratación del servicio de arrendamiento puro sin opción a compra de mil vehículos con equipamiento de policial integrado de radiocomunicación, radiolocalización, señalización visual, tecnológico y acústico”, se indica en el documento.  

Cuestionado sobre el resultado, el gobernador informó que el procedimiento fue declarado desierto.

Explicó que se inscribieron tres empresas –de las que no se detallaron los nombres-, de las que dos presentaron propuestas que no eran competentes con los requisitos que se establecieron y en el caso de la empresa restante su planteamiento se acercaba más a las especificaciones, pero finalmente fue desechada.

“Se declaró desierta –la licitación– porque no reunieron las propuestas técnicas y se va a hacer una nueva convocatoria que se debió haber publicado hoy, pero a plazos breves, para que podamos generar mejores condiciones, porque había tres solamente propuestas técnicas, de las cuales dos eran totalmente desechables, una se acercaba…”, señaló en entrevista tras acudir al informe de labores del ayuntamiento de Xochitlán de Todos Santos. 

Hasta 14 empresas se inscribieron en el primer concurso de licitación que el gobierno del estado abrió para contratar el servicio de arrendamiento de mil patrullas, entre las que destaca la poblana Puebla Automotriz y Lumo Financiera, que finalmente ganó el contrato en un segundo procedimiento.

El desahogo del procedimiento fue publicado en el portal electrónico de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aunque no quedaron disponibles para su consulta las propuestas económicas que las empresas hicieron, debido a que el concurso GESAL-002-456/2019 ya no avanzó a esa etapa.

Según se indica en las actas del procedimiento, inicialmente se inscribieron las empresas Abastecedora de Servicios de Puebla, Arrendomovil de México, Automotriz Multimarcas de México, Bercale Services, CA Soluciones Financieras, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental.

Participaron también Jomtel Comunicaciones, Lease and Fleet Solutions, Microcredit, Neo 4 Health, Puebla Automotriz, Supervisión Técnica del Norte y Lumo Financiera.

A la etapa de evaluación de propuestas técnicas solo avanzaron Jet Van Car Rental, Lease and Fleet Solutions, y Lumo Financiera, pero las tres quedaron descalificadas porque sus propuestas no se ajustaron a los requisitos que solicitó la administración estatal.

Ganadora se apegó al monto máximo del contrato

En un segundo concurso de licitación, Lumo ganó el concurso por 1 mil 387 millones 413 mil 360 pesos, que fue exactamente el tope máximo del contrato que la administración estatal estableció para el contrato, ya con el IVA incluido.

El monto mínimo fue de 554 millones 965 millones 344 mil pesos, según se indica en la descripción de procedimiento.

Las empresas participantes en el concurso fueron:

Abastecedora de Servicios de Puebla S.A. de C.V., Arrendomovil de México, Automotriz Multimarcas de México S.A. de C.V., Bercale Services S.A. de C.V., CA Soluciones Financieras S.A. de C.V., Integra Arrenda S.A. de C.V., Jet Van Car Rental S.A. de C.V., Jomtel Comunicaciones S.A de C.V., Lease and Fleet Solutions S.A. de C.V., Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V., Microcredit S.A.P.I., Neo 4 Health S.A. de C.V., Puebla Automotriz S.A. de C.V. y Supervisión Técnica del Norte S.A. de C.V. 

Los documentos se pueden consultar en: 

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1000_1569971940_e242a7e3048c4bcee59db16b912d3208.pdf 

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1000_1569971906_d27ceee46737003d1bc15adcff192fa5.pdf 

Los procedimientos y fallos del emplacamiento vehicular, del arrendamiento de mil patrullas, de las fotomultas y de seguros de las aeronaves del gobierno no se conocen, ya que en materia de licitaciones públicas la administración estatal de Puebla tiene un doble rasero. Transparenta aquellas, con techos presupuestales bajos, pero mantiene en la opacidad los grandes concursos, como los del arrendamiento de mil patrullas de seguridad pública, o los del emplacamiento vehicular y elaboración de la tarjeta de circulación.

De las licitaciones convocadas por la Secretaría de Administración, unas se publican en el portal del gobierno del estado licitaciones.puebla.gob.mx y otras en www.gob.mx/compranet.

En el primero el gobierno estatal ha difundido todas las convocatorias, pero en este sitio no es posible consultar el desarrollo de los concursos, como sí es posible hacerlo en Compranet. 

El desahogo de los concursos consta de etapas como las propuestas técnicas y económicas, así como la junta de aclaraciones, en donde las empresas participantes discuten las dudas que tienen sobre el bien que quieren ofertar o el servicio que desean prestar, así como el fallo.  

No transparentan procedimiento 

Un caso ocurrió con la licitación GESAL-010-541/2019 que de lanzó en octubre a fin de contratar seguros para proteger los bienes de la administración estatal, como el parque vehicular, las aeronaves, los inmuebles, la vida de los empleados y las áreas de seguridad pública.

La convocatoria fue publicada en el portal licitaciones.puebla.gob.mx pero no en Compranet, por lo que no fue posible conocer el desarrollo del procedimiento y a la fecha tampoco se conoce el resultado del concurso. 

Otro caso relevante fue la licitación para la renta de mil patrullas que la administración estatal contrató con la empresa Lumo Financiera, por 1 mil 387 millones de pesos, pues el fallo fue filtrado a e-consulta por fuentes gubernamentales y posteriormente confirmado por el gobernador. 

Una parte del desahogo del concurso se colocó en el portal de transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no etapas como la presentación de las propuestas económicas y técnicas ni la junta de aclaraciones. 

Otro caso es la licitación GESAL-054-815/2019 para contratar a la empresa proveedora de placas vehiculares, pues el desahogo del concurso se transmitió por YouTube pero no el fallo.

En el procedimiento participaron las firmas Formas Inteligentes S.A. de C.V., Grupo Industrial DLV y Placas y Señalamientos Mexicanos S.A. de C.V.

Lo mismo ocurrió con la licitación GESAL-053824/2019 para operar las fotomultas en Puebla, pues casi todo el procedimiento fue transmitido por YouTube pero no el fallo y solamente se indicó que este sería dado a conocer a las empresas participantes a través de correo electrónico. 

Según se indicó en las transmisiones, la empresa Intecproof S.A. de C.V. fue la única que cumplió con los requisitos que planteó la administración estatal.

¿Qué sí se ha dado a conocer?

Entre los principales procedimientos que sí se han transparentado en Compranet, destaca el referente a la compra de medicamentos por un monto de 10 millones de pesos.

Otros concursos que se suben a Compranet son los que tienen que ver con la aplicación de recursos federales, como la atención a comedores escolares y la adquisición de tarjetas de despensa. 

Un resumen de lo que ha sucedido en 2019 en materia de licitaciones, lo expone Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros: Una dependencia del Ejecutivo estatal, cuyo desempeño deja mucho que desear, a juzgar por el número de licitaciones nacionales que ha convocado y luego cancelado, es la Secretaría de Administración, a cargo de Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo.

Esta dependencia, por la que han desfilado ya tres secretarios en los escasos 130 días que lleva la gestión de Luis Miguel Barbosa (Salomón Kuri Contreras, María Concepción Lugo Alarcón y la actual Rosa Urtuzuástegui) tiene un récord de licitaciones anuladas en la fase final.

Entre ellas la primera para la compra de mil patrullas de seguridad, la primera para el arrendamiento de mil patrullas, la de segunda etapa para el suministro de bienes para el proyecto denominado Programa de Reconstrucción Cuartos Dormitorios 2019, la de la feria denominada Expo Orgullo Puebla, que iba a efectuarse del 5 al 9 de diciembre en el recinto Expo Reforma de la Ciudad de México, y más recientemente las lanzadas para rehabilitación de aulas, bibliotecas, módulos sanitarios y escuelas en general del municipio de Puebla, San Pedro Cholula y Amozoc.

Pese a lo anterior el subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova, se mantiene como uno de los funcionarios más confiables y cercanos del gobernador Miguel Barbosa.

En este 2020 la gestión estatal deberá meter acelerador, sancionar y corregir para retomar el rumbo en materia de licitaciones, ya que por delante tiene en este nuevo año muchas obras y servicios por licitar y que por ley deberá transparentar estos procesos de asignación y los fallos respectivos.