El gobierno de Puebla emitió un decreto para asumir el control de la seguridad pública en la capital del estado por un año a partir del 13 de julio, periodo que implica prácticamente lo que resta de la administración de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco.

En el documento, la administración estatal expone que existe una alteración del orden público en la ciudad, lo que constituye un motivo suficiente para que el gobernador asuma el mando de la Policía Municipal.

Barbosa Huerta ya intentó asumir la responsabilidad de la seguridad en la Angelópolis, mediante un decreto publicado en marzo pasado, pero Rivera Vivanco se inconformó al considerarlo un acto inconstitucional, por lo que presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hasta la tarde de este jueves, la comuna no había emitido una postura al respecto aunque desde la mañana se indicó que lo haría.

Emite nuevo decreto

En su conferencia de prensa de este jueves, Barbosa refirió que su gobierno ha demostrado que la incidencia delictiva en la capital ha disminuido, pero por la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública de su gobierno y no por un logro de la comuna.

En ese sentido, indicó que el plazo de un año que se establece en el artículo tercero transitorio, es solo un “plazo de referencia” pues si antes de este se observa un cambio en la incidencia delictiva, se podría devolver el mando a las autoridades municipales.

“Es una referencia en el tiempo. Si en un año vemos que esto ya cambió, aun cuando nada tenga que ver la Policía Municipal, pues la dejamos, ya estarán de salida las autoridades municipales y ya habrá cambiado la condición de la seguridad pública en el municipio de Puebla como hasta hoy se ha logrado, gracias a las acciones de la policía estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE)”, expuso.

Fue en marzo cuando Barbosa emitió un primer decreto para asumir la seguridad pública en la capital así como para designar como delegada a Carla Morales Aguilar, sin embargo, la alcaldesa se dijo en contra de la medida debido a que, según dijo, violentaba la autonomía municipal.

Rivera Vivanco presentó una controversia constitucional ante la SCJN, pero el juicio aún sigue en curso.

La comuna no ha acatado hasta ahora el primer decreto y sobre el nuevo documento no ha emitido alguna postura.