En el Congreso de Puebla se busca quitar al gobernador la facultad de condonar impuestos o créditos fiscales, como se hizo con el presidente de la República, para acabar con la opacidad de esta medida.

Se pretende modificar el Código Fiscal del Estado para eliminar los artículos que actualmente permiten perdonar a particulares el pago de derechos.

La iniciativa presentada en el Poder Legislativo plantea derogar la fracción XVII del artículo 41, que establece que el gobernador podrá: 

“Conocer y resolver las solicitudes de condonación o exención total o parcial del pago de derechos”.

También pide suprimir el artículo 41-H, que indica: “tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales estatales competentes para ello, podrán condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a derechos estatales que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento de concurso mercantil, siempre que el comerciante haya celebrado convenio con sus acreedores en los términos de la ley respectiva”.

A la vez se piensa dejar sin efectos el artículo 41-I, que señala: “el Ejecutivo del estado, mediante resoluciones de carácter general podrá condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de derechos estatales, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en caso de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias”.

De esta manera se adoptaría una medida similar a la que hace unos días aprobó el Senado de la República para prohibir al presidente la condonación de impuestos.

La iniciativa a nivel local fue presentada por el diputado del Partido del a Trabajo (PT), José Juan Espinosa Torres y se turnó a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su discusión y análisis.

Quieren laboratorio de obras

Otra iniciativa contempla la creación de un laboratorio de control de calidad de obra pública, que dependa de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Con él se busca comprobar la calidad de los materiales con el que se realicen obras, así como verificar la adquisición y contratación de bienes y servicios.

Para su operación se pretende agregar dos fracciones al artículo 33 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del estado, para establecer las facultades del laboratorio.

En una fracción se indicaría que el nuevo ente podrá “recabar las muestras y practicar pruebas de la obra pública necesarias para la comprobación de la calidad de los materiales conforme a las especificaciones reportadas, las cuales se deberán realizar en el laboratorio de control de calidad de la Auditoría Superior”.

La segunda señalaría que deberá “verificar la inversión pública, la adquisición de bienes y la contratación de servicios y arrendamientos por las Entidades Fiscalizadas para comprobar si los recursos y los gastos autorizados a los mismos se ejercieron en los términos de las disposiciones aplicables”.

La iniciativa la presentó el diputado Miguel Trujillo de Ita (del PES) y de envió a la Comisión Inspectora para su análisis y posible aprobación.