El Observatorio Laboral Poblano denunció que la Auditoría Superior del Estado (ASE) persigue a la BUAP con fines políticos, igual que en gobiernos anteriores, mientras que omite revisar evidentes actos de corrupción cometidos por autoridades.

Los dirigentes Marco Antonio Mazatle Rojas e Hilario Gallegos Gómez acusaron que todo indica que el órgano de fiscalización continuará usándose como “garrote político” debido a la afinidad del auditor Francisco Romero Serrano con el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En rueda de prensa tacharon de ilegal la auditoría preventiva que se busca practicar a la universidad y la consideraron una muestra clara de persecución.

Sin bien enfatizaron que la institución está obligada a rendir cuentas, precisaron que esto tiene que llevarse a cabo conforme a los plazos y lineamientos que marca la ley, lo cual está incumpliendo la ASE.

Como lo ha explicado la máxima casa de estudios, señalaron que el órgano local está impedido legalmente para revisar recursos de origen federal, además de que incurrió en arbitrariedades al no notificar las visitas a la institución y enviar personal sin acreditaciones.

ASE omite visibles corruptelas

Mazatle Rojas y Gallegos Gómez coincidieron además en que la auditoría criminaliza a la BUAP por protestar ante la revisión, pero al mismo que es omisa ante “visibles” actos de corrupción de gobiernos locales.

Sin precisar hechos, denunciaron que tanto las autoridades vigentes como las anteriores, han incurrido en actos de corrupción que ameritan sancionarse, pero son ignorados por la auditoría.

Así coincidieron en que todo indica que el organismo persigue por consigna con fines políticos, para intentar entrometerse en la vida universitaria.

Por ello exigieron a la ASE respetar la autonomía de la universidad, actuar sin persecución y centrar la fiscalización en los recursos locales que le competen auditar.

A la vez sugirieron a Romero Serrano actuar con legalidad para legitimar su llegada a la auditoría, pues su nombramiento sigue bajo sospecha de no haber reunido con el voto de las dos terceras partes de los 41 diputados del Congreso, ya que juntó 27 votos y la oposición considera que el mínimo eran 28.

Foto: Agencia Enfoque