El PAN y el PRI demandaron al gobernador Miguel Barbosa Huerta y a la ASE no encubrir y castigar a funcionarios de alto nivel involucrados en la probable alteración de una licitación para adquirir equipo médico por 11 millones de pesos.

Las dirigencias de ambos partidos exigieron al mandatario y a Francisco Romero Serrano, nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que no quede impune la manipulación de documentos por parte de la Secretaría de Administración para favorecer a Surtidor de Materiales Hospitalario, Medicinales y Quirúrgicos Jerilap S.A. de C.V.

Tras la investigación publicada en e-consulta, los dirigentes Genoveva Huerta Villegas (del PAN) y Lorenzo Rivera Sosa (del PRI) coincidieron en que el caso es un evidente acto de corrupción que se debe castigar.

La panista sentenció que “alguien seguramente se embolsó algunos millones de pesos” para beneficiar a la compañía, por lo que exigió la remoción de los responsables y denunciarlos penalmente.

“Es necesario que los responsables sean destituidos y procesados penalmente, de lo contrario los discursos del gobernador quedarán en simple retórica. Esta es una muestra de que Morena no es lo que predica, sino todo lo contrario: un voraz transgresor de las leyes y refugio para delincuentes de cuello blanco”, acusó.

La exdiputada federal denunció que en otros casos de corrupción el mandatario ha solapado a los culpables, así que esto no debe repetirse.

“El gobierno de Barbosa se ha empeñado en encubrir las corruptelas de sus funcionarios y protegerlos impunemente. Ya lo hizo al solapar el condicionamiento de recursos públicos en Amozoc, hoy permite que la Secretaría de Administración viole la norma en perjuicio de los usuarios de los servicios de salud”, reclamó.

Al recriminar que este hecho se dio en los primeros cuatro meses de gobierno, advirtió: “no queremos imaginarnos el resto del sexenio. Desafortunadamente, el gobierno de Barbosa ha mostrado el cobre, o al menos eso han hecho sus servidores”.

PRI exige actuar al auditor

El dirigente priísta Lorenzo Rivera Sosa sentenció que esta es la primera prueba para que el nuevo auditor Francisco Romero Serrano, demuestre que no será cómplice de la administración de Barbosa Huerta.

En entrevista calificó de grave la alteración de documentos ventilada por este medio y exigió que se investigue con auditorías al gobierno estatal. 

“Hoy nos enteramos de esta investigación muy seria, y es grave lo que ahí se señala. Afecta el trabajo del gobierno y afecta a los ciudadanos, lo que ahí vemos es que se necesita una auditoría profunda”, apuntó.

Vio el hecho como una oportunidad para que el auditor se legitime luego de su designación y demuestre que su trabajo será imparcial. 

“Es un momento importante, para demostrar de que su trabajo es imparcial y está destinado a revisar verdaderamente el trabajo y la transparencia de recursos”, señaló.

Diputados exigen investigar

Las bancadas de ambos partidos en el Congreso del estado también pugnaron porque se investigue la presunta alteración.

Los panistas criticaron que Morena ha presumido cero tolerancia a la corrupción, pero este hecho demuestra lo contrario. 

Los priístas alertaron que este podría ser el antecedente de otros actos similares, por lo que exigieron que no se pase por alto.

El fallo alterado 

Con documentos oficiales este medio exhibió que la Secretaría de Administración habría remplazado el fallo de un procedimiento de licitación que emitió la semana pasada.

El dictamen original publicado en el portal de compras de gobierno, Compranet, habría sido sustituido por otro, en el que se asegura que los artículos médicos adquiridos son de procedencia nacional, cuando originalmente se indicó que eran extranjeros.

Además se evidenció que las firmas de los representantes de las empresas que participaron en el procedimiento GESALF-007-630/2019 “Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral” también fueron modificadas.

En el concurso de licitación resultó ganador el proveedor Surtidor de Materiales Hospitalario, Medicinales y Quirúrgicos Jerilap, por 11 millones de pesos, que está ligado a Eduardo Alfonso Letayf Acar, quien fue director de Operación e Infraestructura de la Secretaría de Salud cuando el titular era el morenovallista Jorge Aguilar Chedraui.

Foto: Archivo e-consulta