La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Puebla, reabrirá la investigación existente por los presuntos actos de tortura que agentes ministeriales cometieron en agravio de José María Sosa Álvarez el día de su detención en agosto de 2015 por la muerte de Paulina Camargo Limón, cuyo cuerpo no ha sido localizado hasta ahora.

Fue en audiencia donde una jueza de control revocó la decisión del Ministro Público del no ejercicio de la acción contra los agentes ministeriales acusados del citado delito.

En la sala 13 del Centro de Justicia Penal de Puebla, ayer 14 de octubre, se celebró una audiencia relacionada con la reapertura de la carpeta de investigación 137/2016/DGSP/UEIDTDF iniciada por el delito de tortura cometido en agravio de Chema.

Durante la intervención de la defensa del joven veracruzano que ahora cuenta con 23 años de edad, se alegó que la representación social únicamente consideró dos datos de prueba mediante los cuales se resolvió que los actos acusados por José María no era constitutivos de delito, por lo que la Fiscalía estaba imposibilitada para seguir investigando el hecho.

El abogado de José María que para este caso tiene calidad de víctima, solicitó a la jueza de la causa tomar en cuenta la declaración que en algún momento su cliente dio en una carpeta distinta.

Chema pidió la palabra manifestando ante la jueza que sí fue torturado y que incluso no entendía por qué la Fiscalía se negaba a investigar los hechos de los que fue víctima.

“No entiendo cómo el MP dice que no son constitutivos de delito cuando yo lo viví. No es posible que te golpeen con un trapo mojado y luego no te puedas ni bañar, es algo que aún no lograr olvidar ni superar”, aseguró José María frente al estrado.

En su contestación, el agente del Ministerio Público dijo que se vieron imposibilitados para seguir investigando ya que en cuatro ocasiones acudieron al penal de San Miguel para intentar entrevistar a José María, sin embargo, este siempre manifestó que era su deseo no declarar hasta que sus abogados estuvieran presentes, por lo que, al no poder contar con mayor información sobre el modo, lugar y fecha de la supuesta tortura, se determinó el no ejercicio de la acción penal.

No obstante, Rubenell Fernández Rodríguez, defensa particular de Chema y abogado de la firma Gerardo García y Asociados, recalcó que la carga de la prueba la tiene el agente de Ministerio Público y que incluso José María el día 4 de julio de 2019 mandó un escrito a la Fiscalía para narrar nuevamente los actos de los que fue víctima.

Sin embargo, fue hasta el 19 de julio del mismo año que la Fiscalía contestó a José María que no podía investigar los actos que solicitaba ya que la carpeta de investigación se encontraba archivada desde el 7 de junio- casi un mes antes-, luego de que se resolviera el no ejercicio de la acción penal en el caso.

De forma tardía, el 3 de septiembre de 2019, los abogados de Chema recibieron la notificación sobre lo que el Ministerio Público había decidido al respecto, situación ante lo cual, los litigantes se inconformaron y solicitaron una audiencia para tratar el asunto.

Después de escuchar los datos expuestos, la jueza de control determinó revocar la decisión del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal, ordenando que se reabriera la carpeta de investigación por el delito de tortura, agotando todos los medios alcance de la Fiscalía, ya que incluso la jurista advirtió que la Unidad de Combate a la Corrupción no hizo como tal una investigación. Incluso la togada subrayó que la Fiscalía tampoco siguió los protocolos de actuación que las autoridades deben seguir en casos de tortura.

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