Con una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) y un posible juicio de amparo, el colectivo “Voz Ciudadana” intenta disminuir el incremento del 41 por ciento que el gobierno del estado aplicó a la tarifa del transporte público. 

Luis Soriano Peregrina indicó que la decisión anunciada este domingo por la administración del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, violenta los derechos humanos a un nivel de vida adecuado, a la movilidad, a la educación, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.

Según anunció el secretario de Comunicaciones y Transportes Guillermo Aréchiga Santamaría, será a partir del 12 de octubre cuando entre en vigor un aumento de 2.5 pesos a la tarifa actual de seis pesos, en el caso de los microbuses, y de 2 pesos para las minivans que actualmente cobran 5.5 pesos.

Presentarán una queja ante la CNDH

En entrevista vía telefónica, Soriano Peregrina explicó que la decisión gubernamental de incrementar el pasaje violenta derechos humanos como el que tienen los niños para ir a la escuela, ante la merma que sufrirán las finanzas de las familias.

Comentó que a esa situación que vivían las familias debe sumarse la negativa de la administración estatal por autorizar subsidios o descuentos para los estudiantes.

La decisión también vulnera el derecho a una vida digna, así como la movilidad en relación con el transporte público.

“esas son afectaciones directas y son violaciones sistemáticas a los derechos humanos por decisiones tomadas desde el poder ejecutivo, expuso.

El también ex subsecretario de Derechos Humanos reconoció que la queja que presentará ante la comisión no tiene efectos vinculatorios sin embargo subrayó que es parte del camino jurídico a seguir para evitar el incremento del 41 por ciento a la tarifa del transporte público.

Presentarían amparo

Soriano explicó señaló que el colectivo no está en contra del incremento al pasaje sino a favor de que sea de 50 centavos por año.

En ese sentido dijo que, en uso de su derecho de petición, durante la última semana de septiembre y la primera de octubre presentó dos escritos al gobierno del estado y al Poder Legislativo en los que el colectivo propone esa proporción de aumento.

En el documento, la organización también propone que haya un subsidio para estudiantes y que provenga de las partidas anuales para el Museo Internacional Barroco o para la realización del festival La Ciudad de las Ideas. 

El gobierno del estado y el Congreso local están en la obligación de contestar esos escritos, en caso contrario, el colectivo presentará un amparo que abre la puerta para emprender otras estrategias jurídicas para evitar el incremento del 41 por ciento.

La administración estatal cuenta con un plazo de 15 días para contestar a partir de que recibió las peticiones, en caso de que no lo haga, el colectivo podrá iniciar un juicio de amparo.

El gobierno del estado para argumentó que el incremento obedece a una homologación de la tarifa en la media regional y nacional, así como al rezago en la actualización de la misma por 9 años.

Foto Agencia Enfoque