El portal de noticias e-consulta de Puebla y su director Rodolfo Ruíz Rodríguez, fueron víctimas en las últimas semanas de bloqueos informativos, descalificaciones y amenazas de acciones legales por parte del gobierno estatal. De igual forma, desconocidos borraron información periodística que presuntamente comprometía al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

Así se establece en una Nota de Alerta que publica el portal de ARTICLE 19, organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión.

La Nota de Alerta se reproduce a continuación:

“El 4 de septiembre de 2019, el medio e-consulta sufrió un acceso y control no autorizado en su cuenta en Twitter y en su servicio de alojamiento web. Como consecuencia, fue eliminado un video en donde se daba cuenta de una transmisión en vivo en la cual se observa al gobernador Barbosa ordenando presuntamente el despido de trabajadores sindicalizados adscritos a la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital. El 5 de septiembre, quien o quienes accedieron de manera ilícita al portal del medio, también borraron una nota que describía el contenido del video.

Cabe señalar que este acceso ilícito y control no autorizado fue realizado por alguien con interés de restringir el flujo de información relacionada con la declaración de Barbosa. Asimismo, esta agresión se realizó a través de una herramienta de cifrado que permite hacer anónima la localización e imposibilita conocer quién y dónde se llevó a cabo.

De igual forma, el medio de comunicación y algunos de sus reporteros, han sido víctimas de bloqueos informativos y descalificaciones por parte del gobernador de Puebla.

El pasado 6 de agosto, en una conferencia de prensa, a pregunta expresa de Patricia Méndez, reportera del medio e-consulta, respecto a un acuerdo de Cabildo del municipio de Puebla para anular la concesión del agua, el gobernador Barbosa le contestó: “no me quieras amarrar navajas, porque todos los días me las quiere amarrar e-consulta pero yo no me dejo”.

Lo anterior también se mostró cuando el ahora gobernador de Puebla, era candidato a la gubernatura.  Fue así que el 22 de mayo de este año, durante una gira en el municipio de Huixcolotla, el entonces candidato del partido Morena, calificó de “panista” al reportero de e-consulta, Héctor Llorame, cuando éste le preguntó sobre una amonestación pública que en aquel entonces le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por presuntos actos anticipados de campaña.

De igual forma, el periodista refirió a ARTICLE 19 que, a partir del 27 de marzo de 2019, Miguel Barbosa, dejó de enviar los artículos que él mismo escribía desde que era Senador de la República y a lo cual fue invitado por el mismo medio. Sin embargo, esto se relaciona con el hecho de que algunos miembros de su gabinete actual, quienes también publicaban artículos en el portal, desde tiempo antes de que fueran parte de dicho gabinete, también dejaron de hacerlo por presuntas presiones de la coordinadora de Comunicación Social, Verónica Vélez Macuil.

Por otra parte, el director general de e-consulta, Rodolfo Ruíz Rodríguez, también ha recibido cartas aclaratorias a partir de publicaciones que él realiza, con pretensiones y formato de réplica, pero cuyo contenido se traduce en descalificaciones e intimidación.

Una de estas cartas, proporcionadas a ARTICLE 19, proviene de Verónica Vélez Macuil, coordinadora de Comunicación y Agenda Digital del Gobierno de Puebla, fechada el 3 de septiembre de 2019, en la cual la servidora pública realiza aseveraciones tales como que las publicaciones del periodista:

“Están impregnadas de insidia. Es claro su interés de intentar desestabilizar al pretender, en reiteradas ocasiones, descalificar toda acción de este gobierno de inicia, acciones que realizó de manera insistente desde el tiempo de la campaña en este 2019, con el objetivo, tal vez, de querer justificar su columna como un espacio con credibilidad e independencia”. Sus columnas son maliciosas e incluso llenas de intriga, producto de las filtraciones mal intencionada, que a todas luces se aprecian en las líneas de sus publicaciones. Se aprovecha de la libertad con la que usted cuenta ahora y que en años anteriores no se atrevió a señalar abiertamente. El gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta respetará la libertad de expresión y aceptará la crítica constructiva, pero no pasará por alto afirmaciones que carezcan de fundamento como es su caso."

En este sentido, Ruiz Rodríguez también recibió una carta, a manera de réplica, suscrita por Eric Cotoñeto Carmona, ex diputado estatal y una figura política en el estado de Puebla, fechada el 12 de septiembre de 2019, en donde manifestó al periodista:

“Usted se dirige a mi persona sin respeto violando la consideración que alguien que se dice periodista debe de tener en la redacción de sus artículos, permanentemente confabula y miente; debo de decirle que le pido una sola prueba de todo lo que ha dicho en mi contra, porque estoy listo para empezar a publicar de usted lo que todos conocen sobre el dinero que recibe para difamar a las personas; sobre su inclinación en favor del partido Acción Nacional y del Grupo de derecha llamado El Yunque; sobre las reuniones que usted celebra para instigar a otros en contra de Morena, así como sobre el papel que ha jugado usted en la manipulación de la información de la vida pública y política de Puebla. También debo decirle que pronto presentaré una demanda civil en su contra, porque a gente de su calaña ya hay que ponerlos en su lugar”.

En otro evento, el pasado lunes 23 de septiembre, se publicaron unas supuestas conversaciones en la aplicación WhatsApp, entre el periodista Rodolfo Ruiz y el director de Puebla Comunicaciones, Pedro Gómez Castillo; en donde presuntamente se encuentran fraguando “un complot” en contra de Verónica Vélez Macuil, que como se ha referido, es titular del área de Comunicación Social del gobierno de Puebla, para dejarla fuera de ese cargo.

Lo cual, a decir de Ruiz Rodríguez, constituye una campaña de desprestigio en contra de e-consulta y de su persona. Al respecto, el periodista mencionó:

“Por lo que a mí concierne ratifico que nunca he tenido una conversación en persona o vía WhatsApp con el director de Puebla Comunicaciones para dañar a la coordinadora de Comunicación Social del gobernador Barbosa y que las capturas de pantalla que hoy se publicaron son una mentira, a partir del armado de imágenes falsas y trucadas, de una conversación que jamás he sostenido con Pedro Gómez sobre este punto en particular.”

Al respecto, es importante recordar la posición y el papel que deben desempeñar los servidores públicos como garantes de derechos humanos. Expresiones como las citadas líneas arriba, son particularmente riesgosas en el contexto de violencia generalizada que existe en México contra las y los periodistas. En este sentido, los funcionarios del Estado, tienen el deber de garantizar la libertad de expresión por lo que sus declaraciones públicas dirigidas contra ciertos periodistas o medios de comunicación pueden generar condiciones adversas para el ejercicio periodístico.

Lo anterior no implica que las funcionarias y funcionarios públicos o personas con proyección pública se abstengan de participar en el debate sobre temas de interés público; ni mucho menos que se inhiban de ejercer su derecho de réplica. Al contrario, necesitamos que desde el poder público se nutra dicho debate, aportando datos e información que ayuden a robustecer el derecho a saber de las personas.

Sin embargo, cuando en esas respuestas oficiales se incurre en descalificación y estigmatización, no se construye una relación democrática con los medios de comunicación y se nutre un clima de hostilidad contra la labor periodística, que en nuestro país se encuentra bajo asedio. Su participación no debe consistir en descalificar ni estigmatizar a los medios de comunicación que emiten opiniones críticas o informaciones que no resulten favorables a las y los gobernantes.

Asimismo, ARTICLE 19 reitera la importancia de observar y cumplir con el sistema dual de protección a la libertad de expresión, el cual consiste en que las personas con proyección pública, así como servidores públicos, se encuentran expuestos a un mayor escrutinio respecto a sus actividades y manifestaciones relacionadas con su naturaleza pública, por lo que los límites de crítica hacia este tipo de personas son más amplios. Así, quienes detentan el poder público, deben tener mayor tolerancia a expresiones que incluso resulten chocantes, precisamente por quedar sujetos al escrutinio social, y no esperar solamente discursos favorables, ya que la apuesta democrática es por una pluralidad informativa y no por expresiones unánimes que sean bien recibidas por los gobiernos.

Cabe recordar que el 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expidió una resolución en donde “urge a líderes políticos, funcionarios públicos y autoridades abstenerse de denigrar, intimidar o amenazar» [1] a medios de comunicación y periodistas. La Resolución clarifica que estos ataques no son sólo retóricos, sino que exponen a los periodistas a riesgos más grandes [2]

De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que los agentes estatales podrían ser responsables por los ataques sufridos por periodistas a manos de particulares, si con sus declaraciones en contextos de tensión social contribuyen a aumentar el riesgo de que tales ataques ocurran. En este sentido se debe cuidar que ciertos discursos “puedan ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de los periodistas» [3]

La Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión de la CIDH también ha encontrado que las declaraciones de altos funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas “por razón de su línea editorial” pueden -en contextos de polarización política- conducir a aumentar el riesgo de la actividad del periodismo [4]. De igual modo los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que las campañas de desacreditación son una de las formas de violencia institucional ejercidas por funcionarios públicos [5].

Por lo anterior, ARTICLE 19 exhorta al gobernador Miguel Barbosa, a la coordinadora de Comunicación Social, así como a cualquier servidor público del gobierno de Puebla, atender estos criterios y estándares internacionales, debiendo conducir su actuar en ese sentido, respecto al medio e-consulta, así como a cualquier periodista o medio que sea crítico respecto al actuar gubernamental, y velar porque todas las expresiones confluyan en el espacio público, sin denostaciones o estigmatizaciones que pongan en mayor riesgo a quienes ejercen la libertad de expresión en un contexto de por sí adverso que existe en México, y no desvirtúen el ejercicio de réplica cuyo objetivo debe ser el robustecimiento de la libertad de expresión y la pluralidad, no así una herramienta para desacreditar o descalificar expresiones críticas o no favorables.”

[1] Human Right Council, Resolution 36/9, September 27th, 2018, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/296/43/PDF/G1829643.pdf?OpenElement

[2]Article 19, UN resolution condemns political leaders’ denigration of journalists and calls for action to prevent attacks https://www.article19.org/resources/un-resolution-condemns-political-leaders-denigration-of-journalists-and-calls-for-action-to-prevent-attacks/

[3] Corte idh. Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. párr. 143; Corte idh. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. párr. 155.

[4] Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión, Organización de Estados Americanos, Marco Jurídico Interamericano de Libertad de Expresión, 2009. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html

[5] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU y Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Informe Especial Sobre la Situación de Libertad de Expresión en México, 19 de junio de 2018. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/2018_06_18%20CIDH-UN_FINAL_MX_report_SPA.PDF