Los siete elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) que fueron detenidos por levantar, golpear y falsear delitos en contra de un padre y su hijo, fueron imputados por el agente del Ministerio Público y se ordenó su traslado al Cereso de San Miguel, en donde permanecerán a la espera de una segunda audiencia.

Fue después de una maratónica audiencia de más de 12 horas que el juez de control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva necesaria en contra de los seis elementos que pertenecían al ahora extinto Grupo de Atención y Reacción Estratégica Policial (GAREP), así como de una agente de la Policía Municipal adscrita al Sector Uno.

Según constató e-consulta en la audiencia, la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Anticorrupción, consiguió en poco más de dos meses, investigar a ocho elementos, incluyendo uno que aún se encuentra prófugo, como partícipes en el abuso policial en contra de un padre y su hijo, vecinos de la colonia La Ciénega.

Policías se molestaron porque los grabaron con el celular

Durante la audiencia el agente del Ministerio Público confirmó que los hechos ocurrieron alrededor de las 22:45 horas del 5 de diciembre del 2018, cuándo José Luis N. y su hijo Jesús Ángel N., llegaban a su domicilio ubicado en el retorno Jose Niera del Infonavit La Ciénega, a bordo de un automóvil Nissan March color negro.

Padre e hijo viajaban en los asientos traseros de la unidad, la cual era conducida por Gonzalo N. y Victoria N., alias La Güera y familiares directos de las ahora víctimas, ya que de acuerdo con su declaración, los cuatro habían ido a dejar unas herramientas al lugar donde se encontraban trabajando como contratistas.

Según la carpeta de investigación 506/2018, radicada en la Fiscalía Anticorrupción, apenas se estacionaron frente a su domicilio cuando la patrulla P-102 de la Policía Municipal de Puebla se detuvo atrás de ellos, descendiendo de la unidad oficial dos elementos, un hombre y una mujer.

Se trataba de Karla N. y Manuel N., este último aún prófugo, los cuales se acercaron hasta el vehículo Nissan March con su arma de cargo al frente y diciéndole al conductor que el vehículo contaba con reporte de robo vigente, por lo que era necesario realizar una revisión a los documentos de la unidad.

El conductor le pidió a la oficial Karla que le permitirá entrar a su domicilio para traer los documentos que acreditaban la legal propiedad sin embargo, en su dicho, los policías se lo negaron, motivo por el cual José Luis comenzó a grabar lo ocurrido con su celular, por el que el policía Manuel N. pidió por radio.

Apenas unos minutos después arribaron agentes del grupo GAREP en la unidad P-709, siendo éstos los elementos Luis Felipe N.; Jesús Ángel N.; Miguel Ricardo N.; José Rafael N.; Bryam N. y  Lizbeth Mireya N., los cuales de inmediato se acercaron y le pidieron a José Luis que dejará de grabar.

Según obra en la carpeta de investigación, el policía Miguel Ricardo habría sido el encargado de acercarse y comenzar a manotear con José Luis, tratando de quitarle el celular para que dejará de grabar, motivo por el cual su hijo Jesús Ángel se acercó y le pidió al uniformado que dejará de agredir a su padre ya que no estaba haciendo nada malo.

En ese momento los otros cinco uniformados del GAREP se acercaron al padre y a su hijo con la finalidad amenazarlos con palabras altisonantes, según declararon las víctimas, para después pasar a los golpes hasta someterlos contra el piso.

Los levantaron para continuar el abuso

Las víctimas relataron que los subieron a la batea de una patrulla, específicamente a la P-102, siendo esta unidad una camioneta Ford F-150 XL modelo 2018, donde una vez a bordo continuaron golpeándolos mientras se los llevaban del lugar con rumbo desconocido, ya que ninguna de las víctimas reconoció el paraje desolado hasta el que llegaron.

Al abrigo de la noche, las víctimas aseguraron que los seis agentes del GAREP los bajaron de la patrulla P-102 y en el suelo volvieron a agredirlos, azotándolos contra el piso, para después subirlos a la batea, pero ahora de la unidad P-709, al tiempo en que les robaron una cartera con 3 mil 500 pesos que llevaba José Luis.

Cuando concluyó la golpiza, Karla y Manuel se retiraron en la patrulla P-102, quedándose solamente los seis elementos del GAREP en la unidad P-709, siendo ellos quienes se encargaron de decirles que los iban a remitir a Rancho Colorado y después ante el Juzgado Calificador.

Las víctimas coincidieron en el relato diciendo que los llevaron a Rancho Colorado y después al Juzgado Calificador de la zona Norte, sin embargo ahí les dijeron que les correspondía la delegación Oriente, por lo que se trasladaron hasta esta instancia a cargo del juez Alejandro Lozano Castañeda.

En ese lugar ya se encontraba la familia de las víctimas, quienes se movilizaron cuando vieron que se los llevaban en la patrulla, por lo que ya por la madrugada del 6 de diciembre se firmó la constancia de salida tanto de Jose Luis como de su hijo.

Fiscalía Anticorrupción desahoga el caso en dos meses

Tras recibir el asesoramiento legal correspondiente por parte de un abogado particular, padre e hijo acudieron ante la Fiscalía Anticorrupción el 8 de diciembre, narrando lo aquí descrito y dando pie a que se iniciará una investigación que terminó con una orden de aprehensión librada el 14 de febrero.

Pero no fue hasta la tarde del 21 de febrero que la SSPTM citó a comparecer a los seis agentes del GAREP en las oficinas de Rancho Colorado, donde ya los esperaban agentes ministeriales para dar cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra.

Mientras que la mañana de éste 22 de febrero se hizo lo correspondiente con Karla, la agente de la Policía Municipal del Sector Uno, sin embargo su compañero Manuel no ha sido detenido y se encuentra prófugo, ya que también obra en contra de él las mismas acusaciones aquí vertidas en su calidad de coautor material.

Seguirán en prisión sus procesos

Será en una segunda audiencia cuando los siete imputados vuelvan a estar ante un juez, el cual determinará si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso por abuso de autoridad, lesiones calificadas y robo agravado, lo que a su vez determinará si permanecen en prisión o quedan absueltos de dichos cargos.

Cabe recordar que mientras se llevaba a cabo esta audiencia, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, instruyó a la secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, María de Lourdes Rosales, para disuadir el GAREP, que era legado de su antecesor y ahora secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García.