El Congreso de Puebla repetirá el trámite legislativo de las reformas a la Ley de Seguridad Pública y al Código Penalpara regular el uso de la fuerza y así remplazar la “ley bala”, ya que la primera vez que intentó hacerlo fue frenado por el exgobernador Antonio Gali Fayad.

En sesión ordinaria del pleno se presentó una serie de modificaciones con las que se busca dar cumplimiento a lasobservaciones hechas por el exmandatario desde el 15 de noviembre.

El requerimiento de Gali Fayad fue crear una normativa supletoria de la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales (conocida como “ley Bala”), sin embargo, los diputados insistirán en solamente incorporar artículos a leyes ya existentes.

Los diputados de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, Estefanía rodríguez Sandoval y Vianey García Romeropresentaron el proyecto de decreto para establecer en el artículo 17, como una obligación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), “emitir los protocolos y lineamientos que se deberán observar respecto al uso adecuado de la fuerza policial por parte de los elementos de seguridad pública”.

La propuesta pretende adicionar el título duodécimo, que llevaría como nombre “de la fuerza policial y la protección de los derechos humanos”, y que en el artículo 163 se fijen los principios que han de cumplirse en la regulación del uso de la fuerza.

Entre estos principios se encuentran el “respeto a los derechos humanos; la legalidad; objetividad; racionalidad y profesionalidad”.

A ellos se agregó el principio de “necesidad”, el cual puntualiza que la fuerza policial será considerada “como último recurso por haberse agotado debidamente las medidas de disuasión y advertencia al tratarse de legítima defensa, mientras que la “proporcionalidad” indica que el uso de la fuerza “debe corresponder a la acción que se enfrenta o intenta repeler, sin incurrir en excesos que causan un daño mayor al que se pretende evitar”.

El tercer artículo transitorio refiere que después de aprobado este dictamen, en un plazo de treinta días naturales, el gobernador “deberá emitir el reglamento en materia de uso de la fuerza policial, éstos por única ocasión, deberán ser sancionados para sus observaciones por la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH)”, a fin de que avale su contenido.

En el transitorio cuarto se expone que luego de aprobadas las reformas el titular de la SSP también tendrá un mes para “emitir los protocolos de actuación, que también tendrán que ser revisados por la CDH.

Tras presentarse en el pleno, la iniciativa fue enviada a las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública, así como a la de Administración y Procuración de Justicia, para que sea analizada y, en su caso, modificada antes de su aprobación.

Con estas modificaciones se pretende remplazar la “ley bala”, que el Congreso intentó abrogar el 17 de septiembre con una votación unánime, pero Gali Fayad frenó el dictamen al señalar que para echar abajo la normativa se requería otra que la remplazara.

Este veto fue el primero de diez que hizo el mandatario durante los tres meses que coincidió con la LX Legislatura, de los cuales, hasta ahora los diputados solo han corregido dos, uno referente a la reforma para devolver la regulación de anuncios espectaculares a los ayuntamientos y el otro para regresar a los Cabildos la facultad de designar alcaldes sustitutos sin la intervención del Congreso. 

Cambian nombre a Sedeso

En la sesión de este miércoles también se aprobó, con 36 votos a favor y cinco abstenciones, del grupo parlamentario del PAN, reformar los artículos 17 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para modificar el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) a Secretaría del Bienestar.

La propuesta promovida por la diputada Tonantzin Fernández Díaz (de Morena), tuvo como fundamento homologar el nombre con la dependencia federal para “evitar confusión” en los beneficiarios de programas sociales y ciudadanos en general.

Por su parte, la diputada Nora Yéssica Merino Escamilla (del PES) presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 del Código Penal, para especificar que las personas físicas serán imputables de algún delito a partir de los 18 años de edad.

Esto únicamente para homologar la norma local con la federal, ya que actualmente no existe esta precisión y el artículo dice: “las leyes penales del estado de Puebla se aplicarán a las personas infractoras de las mismas, cualquiera que sea su nacionalidad y residencia. Se es penalmente imputable a partir de los dieciocho años en el estado”.

El planteamiento de la coordinadora parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES) es que el artículo quede así: “las leyes penales del estado de Puebla se aplicarán por igual, a cualquier tipo de persona infractora de las mismas, sin importar su nacionalidad y residencia. Al tratarse de personas físicas, serán imputables a partir de los dieciocho años de edad”.

Foto: Agencia Enfoque