El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Nayarit separó de sus cargos a dos magistrados involucrados en un caso de despojo de viviendas del Infonavit.

Pedro Antonio Enríquez Soto fue presidente del Tribunal de Justicia, y Ramón Marmolejo Corona es magistrado, y los dos enfrentarán un proceso por despojo de 60 mil viviendas.

Las autoridades intentarán probar que los magistrados incurrieron en fraude procesal, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.

El Tribunal de Justicia les concedió a los magistrados que reciban un tercio de su salario para que tengan recursos y paguen su defensa.

El viernes 21 de diciembre, el Congreso de Nayarit les quitó el fuero constitucional a Pedro Antonio Enríquez Soto, presidente del Tribunal de Justicia, y a Jorge Ramón Marmolejo Coronado, magistrado, implicados en un caso de despojo de 60 mil viviendas del Infonavit.

El sábado 15 de noviembre la Fiscalía General de Justicia de Nayarit pidió quitarles el fuero constitucional a dos magistrados y a dos jueces, a los que se acusa de haberse coludido en un fraude para despojar de sus viviendas a 60 mil personas afiliadas al Infonavit.

Petronilo Díaz Ponce, fiscal de Justicia, aseguró que las denuncias indican que entre 2013 y 2018, servidores públicos, en complicidad de magistrados, jueces, un despacho de abogados, y un notario, ordenaron ejecuciones irregulares hipotecarias que afectaron a miles de viviendas de derechohabientes del Infonavit en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Las investigaciones indican que los implicados simularon juicios en juzgados de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas y que permitieron la adjudicación y escrituración irregular de viviendas.

La primera operación irregular se realizó en 2013, 2014 y 2015 en juzgados de Xalisco y Compostela.

En los juzgados sólo existían una o dos personas demandadas, pero un despacho de abogados se dedicó a tramitar juicios en los que se demandó a miles de personas y se falsificaron constancias, no se les notificó ni se les emplazó a los demandados y no intervino el Ministerio Público.

Los juicios terminaron con una sentencia a favor del Infonavit y las viviendas se adjudicaron por un costo de 75 por ciento del valor del avalúo y la escrituración la realizó un notario coludido en el caso.

Los implicados volvieron a aplicar el mismo método en 2016, en dos juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Fabricaron expedientes irregulares y el despacho de abogados realizó los acuerdos y notificaciones. Con la documentación preparada, se la llevaron a los jueces y secretarios de acuerdos para que los firmaran.

Crédito de la foto MILENIO