Con los votos en contra del PAN y la abstención del PRI, el Congreso del Estado aprobó un paquete de reformas que obligan al gobierno del estado a reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) como deuda pública, se limita al Ejecutivo a afectar los recursos públicos y se obliga a transparentar los montos de los proyectos bajo este esquema financiero.
Durante la discusión de las reformas a las Leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los legisladores del PAN y Nueva Alianza sostuvieron que el desarrollo de Puebla se produjo por el uso de este modelo financiero por parte del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Gerardo Islas Maldonado (Nueva Alianza) afirmó que gracias a los PPS se concretó la operación del Centro Integral de Servicios, las plataformas de Audi y el Museo Internacional Barroco (MIB), y cuestionó a personajes como el académico Eudoxio Morales que insisten en señalar que hay una “deuda oculta” derivada de las obras.

El ex funcionario estatal sostuvo que los pagos para cubrir los 22 mil 554 millones de pesos que el gobierno tiene que realizar durante 25 años por estos proyectos, no son un pasivo sino compromisos que se pueden comparar al cobro hacen a los ciudadanos por gozar de un servicio telefónico.

Tras la postura del aliancista, Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de la fracción de Morena, manifestó que si para el morenovallismo los pagos que se cubren por los PPS no representan una “deuda”, entonces que el gobierno deje de utilizar la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) a cargo de la empresa Evercore, para garantizar su liquidación.

En la votación del dictamen, los 22 diputados de Morena, Encuentro Social y PT aprobaron las reformas, y pese a que en las sesiones de las Comisiones de Hacienda y Transparencia el priísta Nibardo Hernández Sánchez votó a favor, durante la sesión se sumó a sus compañeros de bancada Josefina García Hernández y Javier Casique Zárate al pronunciarse en abstención.

En tanto, los representantes del PAN, PRD, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla se manifestaron en contra.

Los cambios que se validaron implican la derogación de las fracciones I y II del artículo 6, en los cuales se estipulaba que los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) no se considerarían como deuda pública para el estado de Puebla.

Además se modificó el artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para impedir que el Ejecutivo del estado haga uso del presupuesto motu propio, ya que será necesario que dos terceras partes del Congreso aprueben el utilizar las partidas financieras para nuevos proyectos.

“Toda afectación de recursos públicos sea en numerario o bienes inmuebles deberá ser autorizada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura. El Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá constituir fideicomisos, previa autorización de las dos terceras partes de la Legislatura mismos que se sujetarán para su operación a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles correspondientes y no formarán parte de la administración pública paraestatal”.

Sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se precisa en la fracción XXII del artículo 77 que los PPS son parte de la “información relativa a la deuda pública”.

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