Con los votos de Morena, PT y PRI, las Comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Transparencia aprobaron un paquete de reformas para que se reconozcan como deuda pública los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), mecanismo financiero que utilizó para pagar las obras del Museo Internacional Barroco, el Centro Integral de Servicios y las plataformas de Audi.

Los panistas Marcelo García Almaguer y Raúl Espinosa Martínez votaron en contra, mientras que los diputados Javier Casique Zárate (PRI), Juan Pablo Kuri Carballo (PVEM), Liliana Luna Aguirre (PRD) y Héctor Alonso  Granados (Morena) no asistieron a la sesión.

El dictamen que se presentará este miércoles para su votación en el pleno, reforma la fracción VII del artículo de la Ley de Deuda Pública, en el que se precisa que “cualquier pasivo contratado por entes públicos son obligaciones o financiamientos”.

Otro de los cambios para ese ordenamiento es la derogación de las fracciones I y II del artículo 6, en los cuales se estipulaba que los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) no se considerarían como deuda pública.

La modificación al artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios impide que el Ejecutivo del estado haga uso del presupuesto de motu propio, ya que será necesario que dos terceras partes del Congreso aprueben utilizar partidas financieras para nuevos proyectos.

“Toda afectación de recursos públicos sea en numerario o bienes inmuebles deberá ser autorizada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura. El Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá constituir fideicomisos, previa autorización de las dos terceras partes de la Legislatura mismos que se sujetarán para su operación a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles correspondientes y no formarán parte de la administración pública paraestatal”.

En lo que respecta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el dictamen que avalaron los legisladores tiene que ver con la fracción XXII del artículo 77, en el que incluye a los PPS como parte de la “información relativa a la deuda pública”.

El esquema utilizado por el ex gobernador Rafael Moreno Valle fue aprobado en 2011 a través de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios, en los que unaempresa privada paga y desarrolla la obra y el gobierno la cubre en mensualidades, pero no los registra como deuda sino que aparecen como gasto corriente.

Bajo este mecanismo financiero, la administración del panista concretó la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS), las plataformas de Audi y el Museo Internacional Barroco (MIB).

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