La Secretaría de la Contraloría en el estado inhabilitó a tres agentes de vialidad por pedir “mordidas” de hasta 100 mil pesos.

A estos casos se suman sanciones a otros 59 funcionarios estatales de febrero de 2017 a la fecha, aunque 16 impugnaron el procedimiento, según comentó el titular de la dependencia Rodolfo Sánchez Corro.

Los descubren infraganti

Los agentes sancionados son: Edgar Hernández Quecholac, Abraham Pérez Acateno y Javier Agustín Ríos Meléndez, respectivamente, quienes intentaron extorsionar a ciudadanos para prestarles servicios. 

Explicó que dos casos corresponden a elementos de la Dirección de Vialidad estatal, quienes solicitaron entre 30 y 100 mil pesos a un chofer para dejarlo continuar con su camino, cuando viajaba por el municipio de Izúcar de Matamoros.

Los casos se detectaron mediante el operativo “Ciudadano encubierto”, de los cuales la actual administración estatal ha realizado 18 en el transcurso del año.

Los agentes viales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), hecho que no los exime de una sanción administrativa, según dijo Sánchez Corro, pues además del proceso penal también deben solventar una multa económica.

“El caso fue comunicado a la Fiscalía General del Estado y –los ahora exservidores públicos– se encuentran vinculados a proceso”, acentuó.

Un tercer proceso corresponde a un analista adscrito a la Dirección de Recursos Financieros de la misma Contraloría, quien incurrió en anomalías administrativas, por lo que se hizo merecedor a una inhabilitación por seis años y una multa de 181 mil 800 pesos.

Hay otras 59 sanciones

Por otra parte, la Contraloría estableció otras 59 sanciones contra igual número de funcionarios, debido a que incurrieron en abusos o ejercicio indebido de su cargo o comisión, la utilización de bienes y servicios a cargo del estado para beneficio propio­, deficiencias en el servicio que brindan, mala conducta y trato irrespetuoso a los ciudadanos.

De esta cifra, 16 casos están en revisión debido a que se inconformaron ante la determinación de la dependencia, y aún pueden recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa para iniciar un juicio de inconformidad.

Foto / e-consulta