Para que se transparenten los criterios bajo los que la LIX Legislatura aprobó 500 cuentas públicas en los últimos tres meses, la Comisión Inspectora reabrirá los dictámenes entre los que se encuentran el del gobernador Antonio Gali Fayad, el alcalde de Puebla Luis Banck Serrato y del Fiscal con licencia Víctor Carrancá Bourget.

José Juan Espinosa Torres, presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, comentó que la determinación se tomó ante la inconformidad que diversos sujetos obligados presentaron para apelar a los Inicios de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR) y el uso político que se dio al organismo fiscalizador.

Por su parte, la Auditoría Puebla señaló que  siendo la institución de fiscalización superior local que a nivel nacional cuenta con el mayor número de auditores certificados por el Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI), garantiza resultados imparciales y objetivos.

El coordinador de la bancada del PT señaló que no hay un sesgo o revanchismo político en el acuerdo, esto tras el veto que el gobernador Antonio Gali Fayad ejerció este lunes a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Estado y la abrogación de la Ley Bala.

Espinosa Torres aseguró que la apertura de las 500 cuentas públicas que el Congreso aprobó del 15 de junio al 14 de septiembre -recta final de la LIX Legislatura-, contempla tanto aprobaciones, Inicio de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR) y resoluciones de procedimientos, sin que exista un distingo partidista.

“Vamos a reabrir las cuentas públicas que fueron aprobadas de manera irresponsable en los últimos meses de la LIX Legislatura. No es un tema personal, no sabemos qué cuentas públicas, el acuerdo es todas las cuentas públicas que se hayan dictaminado ya sea favor o en contra o inicios de procedimientos se van a reabrir, se van a volver a revisar para garantizar que los criterios utilizados por esta auditoría y por los integrantes de la Comisión Inspectora reúnan todos los criterios que marca la ley y no de carácter político, como se notó en el Inicio de Responsabilidades”.

Dentro de los 500 dictámenes que la LIX Legislatura validó, está el paquete de 218 cuentas públicas que se votaron el 27 de julio por el pleno, entre las que se enlistaron el informe correspondiente al ejercicio fiscal 2017 de Gali Fayad.

En ese año, el gobernador tuvo un presupuesto por 93 mil 459 millones de pesos.

Además de Gali Fayad, otros funcionarios a quienes les aprobaron sus cuentas públicas son Jorge Aguilar Chedraui, ex líder del Congreso en los periodos 2016 y 2017; David Villanueva Lomelí, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por los ejercicios 2016 y 2017.

Roberto Flores Toledano, ex presidente del Tribunal de Justicia Superior (TSJ); Luis Banck Serrato, presidente municipal de Puebla; Maximiliano Cortázar Lara, Coordinador General de Comunicación, Difusión y Promoción en el sexenio de Rafael Moreno Valle; Víctor Carrancá Bourget, entonces Fiscal General del Estado; y Jorge David Rosas Armijo, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Estricto apego a la ley y resultados objetivos: ASE

La Auditoría Puebla señaló que realiza sus funciones con estricto apego a las disposiciones legales que rigen el procedimiento, observando en todo momento los más altos estándares en la materia, reconocidos a nivel nacional e internacional.

Subrayó que es la institución de fiscalización superior local que a nivel nacional cuenta con el mayor número de auditores certificados por el Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI) por lo que garantiza resultados imparciales y objetivos.

En un posicionamiento la ASE destacó que siempre ha mantenido una estrecha coordinación y colaboración con la Comisión General Inspectora, lo que ha permitido un adecuado desarrollo de los trabajos que corresponden a esta última, situación que oportunamente se ha puesto de manifiesto a los nuevos integrantes de la misma.

Añadió que conforme a los principios que rigen la función de fiscalización superior, previstos en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, la Auditoría Superior del Estado reitera su compromiso con la legalidad y el respeto a las instituciones.

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