Concesiones Integrales S.A. de C.V. está obligada a realizar pagos mensuales al gobierno, inversiones programadas por más de 3 mil 800 millones de pesos y a cumplir con suministro y saneamiento hasta en nueve municipios por poco más de 30 años, según lo establece el título de concesión a favor de esta empresa para hacerse cargo del servicio de agua potable en Puebla.

El documento se entregó la semana pasada a activistas a partir de lo que determinó un juez por el recurso interpuesto por las organizaciones Dale La Cara al Atoyac y la Alianza para la Defensa Ambiental A.C., pues el gobierno ha postergado su confidencialidad hasta 2023.

Al revisar esta versión del título que el gobierno del estado envío al juez para entregarlo a su vez a los activistas, se observa que se firmó el 26 de diciembre de 2013, apenas tres días después de la publicación oficial de la reforma que permitió la figura de la concesión.

Paga 1,486 mdp y debe invertir 3,844 mdp

El pago para hacerse de la concesión debió realizarse antes del 14 de abril de 2014 y fue de un monto de mil 486 millones 321 mil 899 mil pesos; se considera una vigencia de 30 años y 113 días; así como la necesidad de crear un fideicomiso de administración.

Asimismo se señala que la empresa que opera bajo el nombre comercial de Agua de Puebla debe de cumplir con un pago mensual del 5 por ciento de los ingresos totales sin impuestos vigentes a la administración estatal y que ni los activos previos ni los nuevos que se adquieran le pertenecerán.

A la empresa se le reconoce exclusividad para generar nuevos contratos con terceros, facultades de administración, cobranza, uso de nuevas instalaciones y de recopilación de información.

Por otro lado se indica que se debe de contar con un programa de inversión y mantenimiento que en el primer lustro considere una inversión de 3 mil 844 millones 196 mil 167 pesos y que a partir del sexto año se invierta un porcentaje de las ganancias del año previo.

Firman Soapap y concesionaria

En la firma de la concesión participó Manuel María Urquiza Estrada como el entonces director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y el apoderado de la empresa José Miguel Gutiérrez Sanz.

Como antecedente se consideran convenios de coordinación que signó dos meses antes el SOAPAP con los municipios de Cuautlancingo, San Pedro Cholula, Amozoc y San Andrés Cholula para trabajos de coordinación; así como de donación con Tlaltenango, a cambio de saneamiento.

De manera general se indica que la nueva empresa debe prestar los servicios, operar, conservar, administrar y mantener la infraestructura, así como ampliar los activos existentes.

El título de concesión señala también la existencia de fianzas y seguros así como estatutos de riesgos actualizados cada tres años.

Se menciona también la obligación para el saneamiento de las aguas residuales de Tlaltenango, Juan C. Bonilla. Ocoyucan, Xoxtla y Coronango.

En cuanto a la administración del fideicomiso se especifica que este deberá de tener representación de dos personas de SOAPAP, dos de la empresa y también de uno de los acreedores.

Hacia el final del título se consideran las posibilidades de extinción de la concesión por factores como incumplimiento y caducidad; así como la devolución de los porcentajes de la contraprestación inicial, previo descuento de los gastos incurridos por SOAPAP.

Falta transparentar anexos de contrato: Dale la Cara al Atoyac

Tras obtener el título de concesión del gobierno de Puebla con Concesiones Integrales S.A. de C.V., como parte de su proceso por la defensa del río Atoyac, activistas que forman parte de Dale la Cara al Río emprendieron acciones legales para que se transparenten los anexos del documento.

En rueda de prensa explicaron que en el apartado pendiente de hacerse público hay, entre otros aspectos, información relevante en cuanto a la limpieza del afluente y el tratamiento que se da a las aguas negras de la zona metropolitana.

Los anexos incluyen los activos, el modelo financiero, las tarifas a cobrarse, la conformación del fideicomiso, la cobertura, los contratos que se tienen desde antes a la firma de la concesión, saldos de obras pendientes y fuentes de origen del agua.

El título de concesión, recordaron, lo obtuvieron dado que el juez que lleva el caso de unas 40 personas que buscan la reparación del daño causado al Atoyac lo consideró una prueba requerida en el expediente.

Tan solo obtener el documento implicó un trámite de año y medio, tiempo en que el río pasó de ser del tercero al segundo más contado de México.

Asimismo para los activistas ha implicado gastos de hasta 10 mil pesos mensuales, tan sólo para sacar fotocopias.

Para la activista Verónica Mastretta Guzmán, el documento que el gobierno reservó como confidencial hasta 2023 hubiera traído beneficios relacionados con la planeación, el cuidado al medio ambiente y la responsabilidad de actores.

Entre lo que encontraron en el título destaca, por ejemplo, una visión metropolitana que pone en evidencia que en los municipios las autoridades locales no se han involucrado.

Como ejemplo pusieron a San Andrés Cholula, que permite nuevos fraccionamientos y realiza cobros por el saneamiento cuando no brinda este servicio.

Esto, en tanto se dejan las responsabilidades de la limpieza de aguas negras a la empresa y a tecnología que de inicio se pensó sólo para la capital poblana.

"No sé vale que los desarrolladores inmobiliarios se estén colgando, que estén esperando que alguien les resuelva", comentó.

Por otro lado, agregó, se observa que incluyen como responsabilidad el sanear aguas de Ocoyucan, que es hacia donde ha crecido el desarrollo inmobiliario de Lomas de Angelópolis.

Ante esta visión de responsabilidades metropolitanas con el Atoyac los activistas ya alistan encuentros con los alcaldes involucrados y con diputados.

Mastretta Guzmán resaltó también que se observa la transición para que operara la empresa y que esto debería también considerarse si los diputados actuales aprobaran su salida.

Foto  e-consulta