Para dejar sin efecto la concesión del agua potable, el diputado José Juan Espinosa Torres presentó una reforma constitucional al artículo 12 para establecer que éste tiene que ser un servicio gratuito y sin fines de lucro.

El coordinador de la bancada del PT precisó que la disposición que se discutirá en las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y Medio Ambiente, garantizaría que no exista la participación privada en el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado.

La adición que se hace al artículo 12 -dijo- tiene similitud con el texto de la Constitución de la Ciudad de México, y que ya validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo no se estaría contraviniendo ninguna disposición secundaria.

“Es una reforma constitucional que de forma inmediata garantizaría que no exista ningún tipo de participación privada en el servicio del agua potable (…) es un texto que es armónico con la Constitución de nuestro país, muy similar al que se tiene en la Ciudad de México y de aprobarse en los próximos días se garantizaría que en un plazo no mayor a 6 meses el ayuntamiento de Puebla tendría que cumplir para garantizar que tiene la capacidad técnica, financiera y humana a través de la creación de un nuevo organismo desconcentrado de la administración municipal, encargado de brindar el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado”.

Ésta es la segunda propuesta que el bloque de Morena, Encuentro Social y PT promueven para revocar la concesión del servicio de agua potable que el gobierno del estado dio a la empresa Concesiones Integrales, la cual a finales de 2013 asumió las funciones del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) por un periodo de 30 años.

La semana pasada, Gabriel Biestro Medinilla (Morena) presentó un punto de acuerdo para que se convoque a académicos, investigadores y organizaciones civiles a mesas de trabajo que permitan la elaboración de una nueva Ley del Agua para el Estado de Puebla.

La privatización del servicio público inició en septiembre de 2013 con la presentación de una reforma a la fracción IV y adición a la fracción IX del artículo 31 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, propuesta del ex gobernador Rafael Moreno Valle y que contó con el aval del PAN, PRD, MC, Nueva Alianza y el PVEM, mientras que el PRI votó en contra.

Con la modificación a la normativa, se dio paso a la firma de contratos de concesión entre particulares y los 25 Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Puebla, en los cuales se establecerían los "derechos y obligaciones" de los interesados.

Además, en la fracción IV del artículo 31 se advierte que el incumplimiento del contrato implicaría sanciones y la obligación de "indemnización" a cargo de la autoridad competente por criterios de caducidad, rescate, revocación o terminar de manera anticipada la concesión.

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