Retirar el servicio de escoltas a los ex gobernadores y asignarlas a defensores de derechos humanos y periodistas en situación de riesgo, es la propuesta que este miércoles planteó el grupo legislativo de Morena.

La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado plantea modificar los artículos 137, 138, 139 y 143, así como derogar el segundo párrafo del numeral 139.

Leonor Vargas Gallegos, legisladora de Morena, manifestó que actualmente no hay claridad sobre el costo que representa la asignación de personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para el resguardo de los ex mandatarios, ni cuántos de éstos gozan del servicio.

Al presentar el proyecto, la morenista manifestó que durante la última década en Puebla prevaleció el abuso en el ejercicio del poder público, a la par que existen testimonios de intimidación hacia defensores de derechos humanos y periodistas.

"En el caso concreto de la Ley de Seguridad Pública se creó una figura dedicada a postular el más amplio y agrio conservadurismo, pretendiendo otorgar, a aquellos poderosos ex gobernadores, la facultad de contar de manera permanente con elementos pagados por el gobierno del estado para su protección personal, incluso cuando éstos ya no le presten servicios al estado ni corren evidente riesgo de ser dañados en sus personas, bienes o familias", mencionó.

Las modificaciones planteadas por la morenista considerarían que la protección para periodistas y defensores de los derechos humanos tienen que solicitarse ante la SSP, comprobar que existen condiciones de riesgo para la persona, bienes o familiares, que se asignaría a dos elementos de la dependencia por un periodo de tres meses, el cual se puede refrendar.

"Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública implementar las medidas conducentes para garantizar la seguridad personal de quien con motivo de su profesión periodística o de defensa a los derechos humanos se encuentre en peligro de sufrir un atentado en contra de su persona, bienes o familiares", se propone como reforma al artículo 137.

Mientras que el numeral 139 plantea que: "El servicio de seguridad personal se proporcionará a la persona que con motivo de su profesión periodística o defensa de los derechos humanos lo solicite y otorgue indicios suficientes que acrediten que su persona, bienes o familiares están en peligro de sufrir algún daño con motivo de su profesión, a partir de la fecha en que el Secretario de Seguridad Pública otorgue el dictamen de procedencia”.

La medida se aplicará por el tiempo que el peligro sea acreditado, teniendo que solicitar la extensión de la protección cada tres meses.

Foto / e-consulta