- Gobierno
TSJ y FGE ocultan sueldos de sus funcionarios y plazas disponibles
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvieron bajas calificaciones aprobatorias en la prueba con efectos vinculantes que realizó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (Itaip).
Por su parte, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap) reprobó en materia de transparencia al obtener únicamente 31.77 por ciento como calificación ponderada.
Instituciones de justicia pasan de panzazo
El promedio más bajo obtenido por las instituciones de procuración de justicia fue para el TSJ con 69.86 por ciento.
Lo anterior implica que apenas cumplió con el mínimo de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.
Según los resultados de la prueba, el TSJ fue omiso o publicó información incompleta sobre su directorio, remuneración mensual bruta de sus integrantes, gastos por concepto de representación y viáticos, declaraciones patrimoniales y concursos para ocupar cargos públicos, entre otros.
El Poder Judicial del estado ha sido criticado recientemente por el nombramiento de magistrados cercanos al ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, uno de los cuales, José Montiel, fue impugnado por carecer de una cédula profesional con una vigencia mínima de 10 años.
La Fiscalía General del Estado obtuvo un promedio de 76.78 en la prueba, lo que implica que publicó más información que el TSJ pero sin lograr aún el objetivo de la transparencia.
La Fiscalía fue omisa o publicó información incompleta sobre su normatividad, su directorio, remuneración bruta, plazas vacantes de personal de base y de confianza, declaraciones patrimoniales, ejercicio de los egresos presupuestados e informes financieros contables, entre otros.
Buap reprobada en transparencia
La Buap fue el único organismo autónomo del estado que resultó con un promedio reprobatorio en la prueba realizada por el Itaip con 31.77.
La universidad incumplió con obligaciones de la Ley de Transparencia como normatividad aplicable, estructura orgánica, facultades de cada área, directorio, indicadores de resultado, así como gastos por concepto de representación y viáticos.
La Buap también fue omisa o publicó información incompleta sobre declaraciones patrimoniales, personal contratado por honorarios, recursos públicos entregados a sindicatos, servidores públicos sancionados, ejercicio de egresos presupuestados y procedimientos de licitación de obra pública, entre otros.