Los últimos tres sexenios del gobierno estatal de Puebla se caracterizaron por la corrupción, la opacidad e incluso el engaño en el manejo del erario público, denunció el diputado federal de Morena, Alejandro Armenta Mier.

Por ello propuso que, con total respeto a la soberanía estatal, la Cámara baja exhorte al Congreso del Estado de Puebla “a aperturar en su totalidad la información sobre las cuentas públicas de los sexenios encabezados por Melquiades Morales Flores (1999-2005), Mario Marín Torres (2005-2011) y Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017), incluidos los expedientes clasificados como reservados, debido al interés público en ellos”.

 El legislador poblano destacó que la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental fortalece a las instituciones, propicia una sociedad informada e incentiva la participación política de los ciudadanos.

 Sin embargo, en nuestro país no es posible afirmar que exista confianza plena en las instituciones debido a que siguen existiendo prácticas discrecionales para ocultar actos de corrupción en el uso y destino de los recursos públicos, dijo.

 Añadió que gracias a los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, en los últimos años se han descubierto indignantes casos de corrupción cometidos por altos funcionarios de los gobiernos estatales.

 Recordó los casos de exgobernadores detenidos: Andrés Granier, en Tabasco, que no pudo justificar el destino de más de 13 mil millones de pesos.

 En Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, detenido tras ser acusado de peculado y uso indebido del ejercicio público.

 Durante la administración de Guillermo Padrés, en Sonora, la Contraloría del Gobierno del Estado detectó el mal uso de más de 30 mil millones de pesos.

 En Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte se reportó el desvío de al menos 35 mil 421 millones de pesos del erario estatal.

 Mientras que en Quintana Roo se acusó a Roberto Borge por el desvíos de por lo menos 2 mil 388 millones de pesos.

Pero en el estado de Puebla, donde se han presentado diversas irregularidades denunciadas por los medios de comunicación, no hubo repercusiones, tampoco se aclaró el uso de los recursos públicos, ni se transparentó la información de su aprobación en las respectivas cuentas públicas, advirtió el diputado federal.

Recordó que tan sólo en marzo de 2002, durante el sexenio de Melquiades Morales, desaparecieron 6 mil 118 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, acontecimiento que fue denominado “hoyo financiero”, del cual en diversas ocasiones se ha deslindado Rafael Moreno Valle, quien entonces era el titular de esa Secretaría, pese a las pruebas documentales por diversos medios de comunicación, no pasó nada.

En el sexenio de Mario Marín Torres también se detectaron actos de presunta corrupción, enriquecimiento ilícito, peculado, manejos irregulares del presupuesto, entre otros. Y tampoco pasó nada.

“Pero fue en la administración de Rafael Moreno Valle donde se llevaron a cabo acciones más sofisticadas para ocultar la información de los recursos públicos ejercidos.

Se realizaron obras bajo las figuras de proyectos de prestación de servicios reservando la información, se endeudó de manera engañosa al estado por medio de fideicomisos públicos como el contratado con la empresa Evercore para que recabe y maneje los recursos del estado por concepto de Impuesto Sobre la Nómina”, recalcó Alejandro Armenta.

Añadió que dicho fideicomiso estipula que “el estado renuncia expresamente a su derecho de revocar el presente fideicomiso, en virtud de que se trata de un fideicomiso irrevocable”.

Además, se efectuaron gastos excesivos mediante la ejecución de obras de ornato que incrementaron exponencialmente el costo planeado, obras que además fueron ejecutadas con materiales de mala calidad que al poco tiempo de ser inauguradas han presentado daños evidentes, incluso en su estructura, dijo.

Por todo ello, el diputado Alejandro Armenta Mier insiste en la necesidad de que se revisen las cuentas públicas de los últimos tres sexenios del gobierno estatal de Puebla.