Líderes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales y campesinas denunciaron que se ha instalado un “terrorismo de estado” en Puebla, por lo que exigieron la destitución de Víctor Carrancá Bourget, de Jesús Morales Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y del Secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco.

“Meztli Sarabia Reyna fue ejecutada por sicarios de estado”, consideraron los integrantes de la Unión Campesina Democrática, el Colectivo de Reflexión en Acción Rumbo Proletario (CRARP), el Frente Nacional de Organizaciones de Pueblos en Lucha (ENPL) y el movimiento EcoTuzuapan y llamaron a reconocer como tal el crimen.

Mario Vélez Merino, integrante del CRARP denunció el enrarecimiento del clima político poblano, la proclividad al crimen común y organizado, el aumento en el robo a los ductos de Pemex a la llegada de Rafael Moreno Valle al gobierno de Puebla y  la represión contra voces disidentes y su persecusión política.

Así lo confirmaron Enedina Rosas Vélez, presa política y defensora de derechos humanos, declarada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; su hija, Lucina Rosas, del Consejo de Vigilancia de Amecac, y el líder Avelino Velázquez, quien se presentó a la rueda de prensa extremando medias de precaución y seguridad. Todos ellos  principales actores sociales que fueron víctimas del modelo represivo del exgobernador Rafael Moreno Valle.

“La persecución de la 28 de Octubre comenzó con la detención ilegal del líder y dirigente Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”. Siguió el encarcelamiento de sus hijos Xihuel y Rubén; a esto se sumó la liberación de más de 15 órdenes de aprehensión en contra de su esposa Rita Amador López, y ahora el asesinato de su hija Meztli. Esto se llama terrorismo y su encargado es el Estado”, dijo Mario Vélez

“Los asesinos fueron sicarios profesionales cuya operación, perfectamente bien planeada, sólo puede armarse desde las corporaciones policiacas. El inmediato procedimiento de campaña de desprestigio en redes sociales desde dependencias gubernamentales, criminalizando a la víctima, luego reforzada por el fiscal Víctor Carrancá Bourget anunciando líneas de investigación por venta de drogas al menudeo, no es una característica del crimen común”, explicó Vélez y remató: “Esta ejecución partió desde un comando del gobierno del estado”.

Explicó que ese mismo comando pudiera ser el mismo que atacó la casa del comisariado ejidal Avelino Velázquez. “Dos veces fueron 10 camionetas y agentes encapuchados buscando detenerlo. Destruyeron la vivienda, golpearon a familiares. Afortunadamente no lo encontraron si no, lo hubieran asesinado y lo hubieran justificado absurdamente acusándolo de algo”

Vélez describió que el estado logró su cometido: sembrar miedo en la población “A la fecha, Avelino no puede sembrar su tierra. Esto se llama terrorismo de estado”.

“Mi familia no quería dejarme venir; hay psicosis. Estamos asustados, esto no puede seguir así, solamente lo detendrá la denuncia”, insistió.

Integrantes de las organizaciones demandaron también la inmediata liberación de los presos políticos de la 28 de Octubre a quienes calificaron como “perseguidos del estado”.

“Los criminales están allá. No se les puede exigir el esclarecimientos del crimen a los ejecutores y asesinos, pero de todas maneras exigimos se señale a los responsables intelectuales y materiales de la ejecución sin chivos expiatorios”, asentó Mario Vélez.

Finalmente responsabilizó al gobierno del estado por la vida y la seguridad de quienes se presentaron a la rueda de prensa así como cualquier “accidente” que pudiera sufrir otro defensor, activista u opositor a las políticas actuales.