La Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que será hasta marzo del próximo año cuando comience a operar el sistema de supervisión de venta de gasolina y diésel en el país para combatir la comercialización ilegal de hidrocarburo.

El organismo identificó a Puebla, Guanajuato y Tamaulipas como como “focos rojos” para la venta de combustible de procedencia ilícita.

Ello se indicó tras la suspensión de operaciones que Petróleos Mexicanos (Pemex) ordenó la semana pasada en siete gasolineras en la entidad poblana, por inconsistencias en los volúmenes de compra y venta de sus productos, pues se presume que habrían adquirido combustible que fue sustraído ilegalmente.

Las estaciones de servicio afectadas se encuentran en Palmar de Bravo, Cuyoaco, Tecamachalco, Huixcolotla y Quecholac.

Postergan inicio de nueva plataforma de vigilancia

El área de Comunicación Social de la CRE indicó que el Sistema del Registro Estadístico de Transacciones Comerciales (Siretrac) iniciará operaciones a partir de marzo de 2018, aunque se había previsto que ello ocurriría a mediados de 2017.

El retraso se debe a que en lo que resta del año se llevará a cabo el proceso de licitación para elegir a la empresa que se encargará de operar la plataforma, además de las pruebas que se deberán realizar previamente para garantizar su óptimo funcionamiento.

El área gubernamental detalló que será en julio cuando se lleve a cabo el fallo del procedimiento, para que durante el mes de noviembre próximo, se realicen las primeras pruebas.

El nuevo sistema contará con información como los puntos de recepción de combustible, la importación de gasolinas y diésel, y verificará los precios a fin de que sean acordes con las condiciones de mercado.

De esa forma, las casi 12 mil estaciones de servicio que hay en el país, deberán registrar todas sus operaciones de compra y venta de combustible en la nueva plataforma, además de los cambios de precios que realicen. A ello se deberán sumar los comercializadores, distribuidores y transportistas.

El funcionamiento del sistema prevé la supervisión de la Procuraduría General de la República (PGR), así como del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En caso de que los comercializadores de combustible no cumplan con otorgar la información requerida, podrían hacerse acreedores a una sanción que oscila entre los 15 mil y 450 mil días de salario mínimo, lo que equivale a multas desde un millón hasta 33 millones de pesos.

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