Casi la mitad de las 121 sanciones que la Contraloría del municipio de Puebla emitió durante 2016 fueron en contra de policías, mientras que los analistas fueron los segundos más sancionados. El cargo de mayor jerarquía que figura en la lista corresponde a un presidente auxiliar.

La falta más castigada fue el extravío de documentos, seguida de la presentación de incapacidades apócrifas. Las penas más socorridas fueron la amonestación pública y la inhabilitación temporal.

Policías, los más castigados

El listado de servidores públicos sancionados del gobierno capitalino actualizado hasta el primer trimestre de 2017, da cuenta de que durante el año pasado se impusieron 121 sanciones.

Del total, 58 -que representan 48 por ciento del total-, fueron levantadas contra policías. Las faltas más recurrentes fueron la presentación de incapacidades apócrifas, con 29 casos.

Hubo cinco casos en los que los elementos participaron en la detención de una persona, con exceso de fuerza, y fueron grabados con teléfono celular. Cinco elementos más fueron sancionados por abuso en el ejercicio de sus funciones.

Otros tres elementos no resguardaron los hechos en accidentes de tránsito y permitieron que los involucrados no rindieran cuentas ante las autoridades. Dos sanciones más fueron por puestas a disposición indebidas, entre otros motivos.

Los empleados que se desempeñan como analistas fueron los segundos más sancionados, con 31 casos, seguidos por cuatro coordinadores técnicos y tres jueces calificadores, entre otros.

Sólo un presidente auxiliar sancionado

El cargo jerárquico más alto corresponde al presidente auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, Israel Zitlalpopoca Gutiérrez, quien fue amonestado en privado porque utilizó un vehículo oficial para fines personales.

Destacan también tres miembros propietarios de las juntas auxiliares de La Resurrección y San Francisco Totimehuacán, los cuales fueron sancionados por expedir documentación sin tener facultades para ello y estampar un sello apócrifo.

Amonestación pública, la sanción más socorrida

La amonestación pública fue el castigo más frecuente pues la Contraloría recurrió a la misma en 42 de los 121 casos; después se ubicó la inhabilitación temporal, con 25 registros, seguida de la amonestación privada, que se utilizó en 17 ocasiones.

Según la lista, 14 funcionarios fueron destituidos de sus cargos, otros 13 fueron sancionados económicamente, y 10 fueron suspendidos de su empleo, cargo o comisión.

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