El robo de combustible es un delito en el que podrían estar involucradas autoridades de los diferentes niveles de gobierno y empleados de Petróleos Mexicanos (PEMEX), advirtió el senador poblano, Miguel Barbosa Huerta, quien propuso la creación de una comisión especial al interior del Congreso de la Unión para atender esa problemática.

El legislador del Partido del Trabajo destacó que dicho delito se ha convertido en una nueva forma de delincuencia organizada que daña gravemente las finanzas públicas del país, además de incrementar los niveles de inseguridad y deteriorar la convivencia social.

Advirtió que aumentar las penas o militarizar las zonas en donde se roba combustible, son medidas insuficientes para hacer frente a este delito, por lo que propuso atacar todos los eslabones de esa cadena delictiva.

Lo que incluye conocer el involucramiento de autoridades municipales, estatales y federales en este delito, así como castigar a los servidores públicos y empleados de PEMEX que estén colaboran con los huachicoleros.

Precisó que la comisión especial que está proponiendo tendría como propósito investigar qué servidores públicos y de qué forma están involucrados en el robo de combustible.

El senador Barbosa Huerta también destacó la importancia de combatir los puntos de venta de combustible robado de los ductos de PEMEX, que lo mismo se vende a pie de carretera, que en bodegas, ranchos, solares e incluso en algunas gasolineras.

“¿En cuántas gasolineras del país se vende combustible robado, junto con combustible legal? De acuerdo a notas periodísticas, basadas en datos de PEMEX, la ordeña de ductos afecta a 25 estados, con una alarmante cifra de más de 21 mil tomas clandestinas entre 2011 y 2016.  De éstos, los estados más afectados por la ordeña de ductos son Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y Veracruz”, añadió.

Por ello, el legislador presentó un punto de acuerdo encaminado a que el Congreso de la Unión emita un exhorto a los titulares de las secretarias de Energía y de Hacienda y Crédito Público, así como al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos.

El llamado es para que, de manera coordinada, eficaz y breve, supervisen las acciones que realizan los permisionarios de distribución y expendio al público de gasolina en los estados de Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y Veracruz, con el propósito de constatar la concordancia entre los volúmenes comprados y vendidos por cada estación de servicio.

Lo que serviría para detectar la existencia de probables operaciones con combustibles de procedencia ilícita, y en su caso documentarlas, sancionarlas y denunciarlas.

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