El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, afirmó que la determinación del Congreso del Estado de inhabilitarlo por 12 años para ejercer un cargo público provocó una molestia en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

El delegado del CEN en el Estado de México reiteró que el proceso que el legislativo emprendió en su contra tiene el sello de Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, quien le intenta poner un “puntapié político”.

“Hay una molestia, por supuesto porque las instituciones y la ley no tienen que ser utilizadas como encargos políticos, éstas tienen que vigilar y privilegiar siempre la legalidad, el estado de derecho, los intereses ciudadanos, ellos (CEN) conocen además mi trayectoria y mi trabajo”.

“Hay diferencias, yo siempre he reconocido que tuve diferencias con Rafael Moreno Valle, siempre privilegié las coincidencias en el ejercicio del gobierno para el beneficio de la ciudad de Puebla (…) esto por supuesto que tiene la autoría y tiene el sello de la casa de Moreno Valle, es cierto, es él el que está detrás de esta decisión arbitraria e injusta”, expresó el exmunícipe en el noticiero de la cadena nacional Radiofórmula este martes.

El viernes pasado el Congreso del Estado aprobó inhabilitar a Rivera Pérez por 12 años para ocupar un cargo público y multarlo con 25.5 millones de pesos por daño patrimonial en contra del ayuntamiento de Puebla.

Rivera Pérez apuntó que el proceso de inhabilitación se resolverá ante los tribunales federales, en donde radica la ampliación de amparo que promovió por el procedimiento que el Congreso le inició en diciembre pasado tras no aprobarle su cuenta pública 2013.

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El 15 de marzo, el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil, Administrativa de Trabajo y de Juicios Federales admitió el amparo solicitado por Rivera Pérez, el cual se identifica con la clave 553/2017/IV.

El recurso legal otorgado el exalcalde Puebla (2011-2014) se originó por el incumplimiento del Congreso y la ASE para responder, en un plazo máximo de 30 días, si solventó o no las observaciones hechas a su cuenta pública.

La autoridad judicial dio 15 días al poder legislativo y al órgano fiscalizador, mismos que ya vencieron, para responder a la demanda del panista; además de obligar a la representación jurídica del Congreso del Estado a asistir a una audiencia el 25 de abril.

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