Los derechos al agua y al medio ambiente en Ixtacamaxtitlán han sido violados por abusos de la minera canadiense Almaden Minerals Ltd. sólo al explorar y se violaría también el de la salud de explotar oro y plata, según un estudio.

En los últimos 14 años, documenta la investigación, la empresa ha abusado de lo autorizado en permisos para perforaciones, ha realizado acciones que sugieren un uso inadecuado del agua y ha falseado información.

Mientras las autoridades federales han sido omisas bajo pretexto de limitación de facultades, no han dado un seguimiento puntual a las actividades de la minera en cuatro etapas del proyecto y han demostrado desconocerlo.

El texto “Minera Canadiense en Puebla y su Impacto en Los Derechos Humanos, Por la vida y futuro de Ixtacamaxtitlán y la Cuenca del Río Apulco”, lo difundió ayer el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C. y lo desarrollaron desde 2014, organizaciones sociales y académicas.

Estas son la Unión de Ejidos y Comunidades  en Defensa del Agua Alcolhua, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Proyecto Sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación.

El estudio se centró en una evaluación al impacto en los derechos humanos a fin de identificar diferencias entre lo que deben garantizar autoridades y el cumplimiento de leyes, frente a lo que en realidad sucede.

Para realizarlo se basaron en información de autoridades, información de la canadiense tanto pública como difundida internamente y a sus accionistas, así como en testimonios de la población.

Exponen fallas de la minera

Al llegar a la Sierra Norte en 2003, cuando la subsidiaria Minera Gorrión obtuvo la autorización para explorar durante 50 años, detalla el texto, la canadiense ya tenía antecedentes de daños en Veracruz, Canadá, Estados Unidos y Perú.

Sin embargo al revisar los contrastes entre la información que brinda a la población, a autoridades y a sus accionistas, los investigadores detectaron incongruencias en Puebla, en cuanto a cifras.

Una de ellas, es el reconocimiento que en 2016 hizo la empresa en un documento, de 263 perforaciones más de las que le autorizó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Los hoyos que hicieron con explosivos fueron además más profundos que los 150 metros autorizados por el Gobierno mexicano, pues en otro documento para accionistas se describen exploraciones de 710 metros.

Para estos procesos la canadiense ha asegurado emplear agua de lluvia cuando esto no ha resultado viable en México y cuando la población refiere falta de recursos antes no vista.

“… esos mineros estuvieron haciendo agujeros en la zona donde pasa el agua, y después de que hicieron esos barrenos nos quedamos sin agua”, explica uno de los testimonios que reserva como anónimos la investigación.

Otro tema que contrasta es contaminación, pues ante la población se han dado explicaciones falsas sobre el cianuro e incluso ofrecido viajes a Zacatecas para conocer la realidad de las minas, pero ya se han visto efectos.

Uno de ellos fue el fallecimiento de 14 cabezas de ganado que bebieron agua verde que salió de las instalaciones de la empresa, en tanto que ex trabajadores señalaron la aparición de hongos y granos en la piel.

“… yo trabajé en la minera hace como dos años, me salieron unos granos y no sé por qué. Pienso que a lo mejor por el líquido que se usa para hacer las perforaciones o por los gases que salen”, es otro de los testimonios.

En otro texto enviado a su equipo, se detalla, Almaden Almaden Minerals Ltd negó factibilidad del proyecto presentado a inversionistas por lo que se considera que pone en duda su responsabilidad ética y económica.

De la empresa se señala cómo el Gobierno mexicano y la empresa mantienen un juicio aún abierto para hacer obligatoria la consulta ciudadana por la presencia de población indígena.

Previo a la publicación se buscaron posturas de la empresa y su director y presidente ejecutivo Morgan James Poliquin, pero las organizaciones se encontraron sólo con respuestas de abogados que dijeron analizarían el tema y argumentaron una crisis económica en el sector.

Ven faltas en la autoridad

Si bien la empresa ha incurrido en irregularidades, la investigación detalla que las autoridades federales han incurrido en no informar ni consultar a la población, así como en desconocer lo que hace la minera.

Prueba de ello, se señala, es la respuesta y acciones emprendidas que se observaron una vez que se les presentó la investigación antes de la publicación.

Tanto en Semarnat como en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desconocieron datos que había comunicado la canadiense a sus accionistas, asimismo se respaldaron en las competencias que una limita a la otra.

La Secretaría de Economía (SE) que permitió la exploración durante 50 años se limitó a indicar que sólo entrega la concesión bajo una ley que además excluye la consulta ciudadana y se centra en no repetir polígonos permitidos.

De la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indica el estudio, conocieron avances y limitaciones en cuanto a una queja impuesta por pobladores.

Las organizaciones también visitaron la Embajada de Canadá, en donde les respondieron que harían un llamado a la empresa para que respete los derechos humanos.

Del edil de Ixtacamaxtitlán, Eleazar Hernández Arroyo, sólo señalan que aunque se ha manifestado públicamente contra la actividad minera, no lo ha hecho con la formalidad de una declaratoria en Sesión de Cabildo.

Destacan vulnerabilidad

Aún sin conocer el impacto que la industria minera ya tenía en el municipio, las organizaciones se encontraron en 2014 con que no toda la población de Ixtacamaxtitlán tiene acceso al agua y a la salud.

En tanto que se trata de un área natural con especies en peligro de extinción, en donde la población obtiene escamoles para comercializar y con afluentes que de dañarse afectarían hasta el golfo de México.

Según los datos de la misma Almaden Minerals Ltd, se agrega, de concretarse la etapa de explotación esta podría tener una duración de 13 años y varios efectos.

Sus cálculos indican que se extraerían 7 mil 500 toneladas de material al día, se emplearían mil 95 millones cúbicos de agua por año y al término de la vida útil se extraerán 49.7 millones de onzas de oro y plata.

Los riesgos por antecedentes de la empresa y otras con las que trabaja se exponen como altos, por casos como el del mayor desastre mundial por mercurio, ocurrido en Cajamarca, Perú en el 2000, donde una negligencia intoxicó a más de mil campesinos.

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