Para revertir la reforma  que permite al estado administrar y operar el servicio de agua potable en los municipios, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, presentó este lunes una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El documento tiene como terceros interesados a los 216 ayuntamientos del estado, los cuales hoy manejan este recurso natural y tendrán que presentar las actas de las sesiones de cabildo en las que avalaron la reforma a la fracción VI del artículo 12 de la constitución local.

“Estamos señalando como terceros interesados a los 216 ayuntamientos, esto nos permite que ellos tengan que rendir un informe a menos que renuncien a ese interés jurídico, lo cual causaría un grave perjuicio y malestar en los habitantes de esos municipios”, declaró el munícipe.

En entrevista con e-consulta, Espinosa Torres señaló que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) presionó a sus alcaldes para que los cabildos dieran su voto a favor de la reforma propuesta por sus diputados locales, por lo que no descartó que repitan la estrategia para que los presidentes municipales renuncien a su interés jurídico y así no presenten los informes de las actas de cabildo a los ministros de la SCJN.

“Este afán privatizador del servicio de agua potable no lo podemos permitir ni en San Pedro Cholula ni en ninguno de los 217 ayuntamientos del estado de Puebla (…) estoy convencido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corregirá la plana al Congreso del Estado y a quienes desde la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, Jesús Giles y Martha Erika Alonso, esposa de Moreno Valle, han venido presionando a los alcaldes a los cabildos del estado de Puebla para que de forma rápida a puerta cerrada, sin que el pueblo se entere, aprobaran esta reforma que todas luces que es inconstitucional”.

El 6 de enero pasado, el Congreso del Estado aprobó la modificación al artículo 12, el cual en uno de sus párrafos abre la posibilidad de privatizar el servicio de agua potable, debido a que se establece que “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

Asimismo, dijo que los ayuntamientos que no aprobaron la reforma constitucional, tienen hasta el 27 de febrero para presentar otras controversias constitucionales, y que a partir de ese momento la SCJN establecerá los plazos para aceptar y estudiar el caso.

Hasta el momento, los ayuntamientos de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Libres, Tehuacán, Soltepec, Cuautlancingo, Santa Clara Ocoyucan, Juan C. Bonilla y Coronango votaron en contra de la reforma  a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución.

Argumentan tres violaciones

Entre los argumentos que el gobierno de San Pedro Cholula presentó en la controversia constitucional, destaca que la reforma constitucional se publicó el 27 de enero en el Periódico Oficial del Estado, con lo que no se cumplió con el plazo de un mes -a partir de su aprobación el 6 de enero- que marca la Constitución local.

Tampoco se respetó el plazo de un mes para aquellos ayuntamientos que todavía no se pronuncian sobre los cambios a la Constitución local, así como que la modificación hecha no se asemeja al artículo 115 de la Carta Magna, el cual precisa que el servicio del agua potable debe administrarlo cada municipio y sus sistemas operadores.

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