El ayuntamiento de San Pedro Cholula podría promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra  la reforma al artículo 12 de la Constitución local que  establece que “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso” del agua potable en los municipios, declaró el alcalde José Juan Espinosa Torres.

En entrevista tras acudir este lunes a las instalaciones del Congreso local, el presidente municipal explicó que el motivo de su visita al Poder Legislativo fue para notificar a los diputados que el cabildo de San Pedro votó en contra de la reforma porque la iniciativa sugiere la privatización del servicio en toda la entidad.

Dijo que la iniciativa enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle fue muy clara “en que el estado determinaría las formas en las que se brinde el servicio”, y señaló que “manipularon” el derecho al agua “para privatizar el servicio”.

Comentó que en caso de no haber una reformulación en el documento original, “el camino que tomaría el cabildo de San Pedro Cholula es promover esa controversia constitucional”.

“Nos pronunciamos en contra y hemos hecho un llamado a los 217 municipios del estado para que no se dejen manipular, de que esa reforma fue más allá de cumplir el ordenamiento de la ONU en materia de derecho el acceso al agua”, refirió.

José Juan Espinosa manifestó que “lo correcto” es que los municipios administren el agua potable a través de los sistemas operadores, y no  una empresa privada impuesta por el gobierno del estado.

Consideró que dicha reforma la hicieron también para blindar lo que se hizo con la empresa Concesiones Integrales –hoy Agua de Puebla para Todos-, la cual privatizó el servicio en Puebla capital.

Aunque dijo desconocer si la reforma ya tuvo el aval de la mayoría de los municipios, señaló que “es muy claro que lo que intenta el gobierno es hacer manita de puerco a los alcaldes para fabricar actas de cabildo” en donde se apruebe este documento.

El pasado 6 de enero los diputados locales aprobaron una reforma al artículo 12 constitucional local con el fin de establecer el derecho al acceso del agua potable.

Sin embargo, en un párrafo dice que “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Lo anterior, sugiere que el gobierno podrá quitar a los municipios el control del sistema operador del agua.

La iniciativa ya fue aprobada por las dos terceras partes de los 217 municipios, por lo que el Poder Legislativo la declaró constitucional el viernes pasado.