Cualquier  gobernador o personaje que intente una rendición de cuentas del sexenio de Moreno Valle o que sea incómodo, tendrá un aparato de estado listo para destituirle, coincidieron en señalar participantes en la primera jornada de los Informes Ciudadanos.

En la presentación del tema “Reformas legislativas, estructurales y educación” participaron la excandidata a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna; el dirigente de la Unión Popular de la Unión de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Tonatihu Sarabia, y Germán Molina Carrillo, directivo de la Asociación de universidades e instituciones de educación media superior y superior (AUIEMSS). 

Señalaron que Moreno Valle usó el Estado de Derecho y al Congreso local para  instaurar legalmente el cacicazgo que perfiló desde los primeros cien días de gobierno pues recordaron que el mandatario habló de sentar las bases de un gobierno del estado que tuviera una proyección de 30 años.

“Así lo hizo; él modificó distintas leyes so-pretexto de la homologación con las leyes federales, colocando en puestos clave de la administración estatal, por mucho tiempo, a personajes afines”, expuso Tonatihu Sarabia.

Describió que en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobado el año pasado, se creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, en el que impuso magistrados por más de 15 años y creó la figura del Fiscal Anticorrupción, usando también el marco legal para nombrar a Víctor Carrancá Bouget quien, a pesar de no ser designado  con mecanismos establecidos ni en ternas propuesta por la ciudadanía, ocupará el cargo hasta el año 2022.

Señalaron que lo mismo ocurrió con el titular de la Auditoría Superior, quien estará en el puesto hasta el 2019;  el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, hasta el 2018, y  los comisionados del Instituto para el Acceso a la Información Pública (IAIP) que dejarán sus funciones en 2021, 2022 y 2023.

Para los expositores, la política de Moreno Valle estableció un blindaje que no terminará hasta el 2023. En esta perspectiva –señalaron- cualquier  gobernador o personaje que intente una rendición de cuentas al sexenio de Moreno Valle o que sea incómodo, tendrá un aparato de estado listo para destituirle.

Se resiste RMV a reconocer la gravedad del robo de combustible

Germán Molina, también rector del Instituto de Ciencias Jurídicas, dijo que la procuración de justicia es el gran pendiente en Puebla, tema que lo coloca en el peor lugar del rating nacional.

Aseguró que la presencia de huachicoleros ya rebasó al estado y a la federación y lamentó que Rafael Moreno Valle no tocara en su informe el caso haciendo evidente su resistencia a reconocer el que quizá sea el más grave problema que se herede a la próxima administración.

Se legitimó el uso de la fuerza: Luna

En el foro realizado en el Instituto de Ciencias Jurídicas, Roxana Luna Portillo hizo un recuento de las leyes nuevas y modificadas que sólo legitimizaron el uso de la fuerza,  restaron poder a juntas auxiliares y privatizaron el agua.

Resumió que las legislaciones no garantizaron la transparencia, ni la participación ciudadana, los derechos políticos; inclusohubo un retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos, pues el congreso local se negó a discutir la ley de discriminación.

Insistió en que diputados en este sexenio avalaron opacidad y corrupción,  garantizaron candados a licitaciones,expropiaciones sin previa notificación para el despojo de predios; extinción de regímenes de contratación de organismos públicos descentralizados, que se tradujo en despidos, pero eso sí, estableciendo notarías como premio y  regalo de fin de sexenio.

Luna también describió a las legislaturas LVIII y LIX como las más serviles de un Congreso totalmente deslegitimado, cuyo corolario se vivió en 2014 cuando más del 96 por ciento de las iniciativas aprobadas eran del Poder Ejecutivo.

La ex candidata a la gubernatura aseguró que el Poder Ejecutivo a través del gobernador, este sexenio asumió las tareas legislativas haciendo perder al Congreso su papel de contrapeso para limitar los excesos del poder. “Al contrario,  lo que hizo este Congreso fue formalizar actos ilegítimos”, acotó.

Citó como uno de los ejemplos más contundentes las reformas a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Datos Personales, cuya conversión a Instituto fue el pretexto para nombrar comisionados cercanos al Ejecutivo que no garantizarán el acceso real a la información pública y que incluso, trabajarán en contra de la transparencia y evitarán la rendición de cuentas.

Roxana Luna Porquillo también señaló a la Comisión de Derechos Humanos (CDH Puebla), como un órgano cómplice cuyos informes maquillaron la realidad cuyo ombudsman fue legitimado en su puesto por la actual legislatura.

Para la CDH Puebla no existieron nunca violaciones graves a los derechos humanos, no documentó el uso de armas de fuego en operativos en el estado de Puebla, ni las violaciones al debido proceso de opositores y activistas que según el registro de organizaciones académicas asciende a 355 presos y perseguidos políticos en este sexenio.

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