Uno de sus primeros actos de gobierno de Diódoro Carrasco, cuando tomó el cargo como mandatario en Oaxaca, fue ordenar a directores de radio y televisión sacar del aire todo programa y contenido hablado en lengua indígena, reveló el diputado secretario de la Comisión de Radio y Televisión, Virgilio Caballero Pedraza ayer en el foro “Marco Legal y Experiencias de las Radios Comunitarias e Indígenas”, celebrado en el Congreso de la Unión.

El diputado, que coordinó la mesa “Contexto social y político de las radios comunitarias e indígenas”, recordó que el ahora secretario de gobierno de Puebla, incluso usó la palabra “yope” – despectivo- , en la instrucción dada a directivos.

Virgilio Caballero describió que antes de la llegada de Diódoro Carrasco a la gubernatura en Oaxaca,  había  transmisiones en radios comunitarias en 8 lenguas diferentes, situación que terminó cuando comenzó su administración.

“Cuando el recién llegado gobernador –Diódoro Carrasco—se reunió con directivos de radio y televisión los llenó de indicaciones y como último punto, como si olvidara algo, les instruyó: ‘Y  sacas de la pantalla a todos los pinches yupes que nos enjaretó Virgilio”

“Cuento esto para ejemplificar el desprecio que existe a la lengua materna:  el  gobernador de uno de los estados más indígenas del país Oaxaca, prohibiendo transmisiones en expresiones indígenas, es el ejemplo y la dimensión del fenómeno”, citó Caballero.

En el foro celebrado ayer en la ciudad de México se reunieron comunicadores comunitarios e indígenas del país y se expuso el monopolio del espectro radiofónico, la inacabada reforma a la Ley de Telecomunicaciones y los obstáculos que existen en la práctica en las regiones del país.

María Eugenia Chavez Fonseca, ex coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) México, propuso  reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones, entre otras, a fin de evitar la criminalización de los comunicadores que por  no contar con recursos económicos suficientes para su regularización son violentados por el uso del espectro radioeléctrico.

Señaló que el tema de la criminalización a comunicadores indígenas por el uso del espectro radioeléctrico quedó sesgado en la discusión de la Ley Federal de Telecomunicaciones, promulgada en 2014.

Explicó que en el uso de dicho espectro por parte de la población, las autoridades utilizan la Ley General de Bienes Nacionales, en sus artículos 149 y 150 para criminalizar a los comunicadores comunitarios e indígenas, por lo que solicitó modificar dicha norma, así como el Código Penal Federal, a fin de armonizarlos con nuestra Carta Magna en su artículo séptimo, relativo a la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.

Erik Coyotl Lozada, representante de la Radio Cholollan, Tlaxcalancingo, Puebla en su exposición  “Del cierre a la regulación”, exigió “regular a los reguladores” y denunció que han ocurrido casos de radios comunitarias que fueron violentadas por autoridades federales y estatales por el uso del espectro radioeléctrico, ya que muchas no cuentan con recursos económicos suficientes y movilidad necesaria para generar un expediente ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que permita su regularización.

Propuso que se reforme el artículo 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de que el Ifetel reserve para estaciones de radio comunitarias indígenas el 33 por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 megahertz.

Relató ante el auditorio la experiencia del peritaje técnico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que ha denegado a una comunidad de Cholula, Puebla, el otorgamiento de una radio comunitaria en frecuencia modulada (FM) argumentando “no disponibilidad espectral” y ,en cambio, de manera discriminatoria otorga frecuencias para radios comerciales en el centro de Puebla,  revelando con este hecho que sólo existe libertad de expresión para quien puede pagarla y censura para los pueblos indígenas.

Dijo que el Ifetel incumple con la obligación que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en el sentido de que “el Instituto deberá reservar para estaciones de radio FM comunitarias e indígenas el 10 por ciento de la banda de radiodifusión sonora que en la práctica, incluso esa se niega a cumplir.

Juan Carlos Flores Solís, defensor de derechos humanos en Puebla quien también participó en la jornada de discusión,  señaló que la Ley de Telecomunicaciones otorga un derecho mínimo a las radios de las comunidades indígenas y a dos años de haberse aprobado esta norma con el plan anual de frecuencias, solamente se ha dado una concesión para uso social indígena.

“En la Ley está mal usado el termino de concesión social y debe quedar claro que se trata de reconocer un derecho preexistente y no otorgarlo” y precisó que quedarse así, provoca un vacío en la ley que es aprovechado para criminalizar a las radios, pues robar es –según el Código Penal Federal- el que se apodera una de una cosa sin derecho y consentimiento; pero cuando usas el espectro radioeléctrico para una radio de uso social no te apoderas de él, sólo lo usas.

“La comunicación debe estar en manos de nuestros pueblos, el espacio aéreo también es parte del territorio, los indígenas seguimos siendo invisibilizados y acallados”, dijo en su participación Sócrates Vázquez García, director de la Radio Jënpol, Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca.