El desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, ocurrido en julio de 2014, fue expuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un ejemplo de uso excesivo de la fuerza policiaca en México en contra de manifestaciones ciudadanas.

Así se describió en el informe del relator especial, Christof Heyns, quien indagó en el país las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

El colaborador del organismo asentó que fue informado de que policías estatales de Puebla dispararon contra pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, en julio de 2014, y ahí fue herido de muerte el niño José Luis Tehuatlie Tamayo y seis personas más resultaron heridas.

Sin embargo destacó que la actuación de los uniformados se dio al amparo de la llamada “Ley Bala” aprobada por el Congreso de Puebla.

“… presuntamente la policía había actuado conforme a la Ley para proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, de 2014, que concedía amplias facultades a la policía para que interviniera en las manifestaciones y recurriera a la fuerza letal”.

Hay que recordar que por ese hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG/2014 al gobierno de Puebla por las violaciones graves a las garantías individuales en las que incurrió al ordenar el uso de la fuerza pública y de armas en el desalojo de los manifestantes, la cual aún no se ha cumplido en su totalidad.

Uso excesivo de la fuerza en el país

La ONU advirtió que durante la elaboración del documento aún persistían las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad en el país; los grupos vulnerables seguían expuestos a los asesinatos y carecían de una protección legislativa adecuada.

Aunque señala que el gobierno mexicano ha adoptado medidas en un intento de disminuir los homicidios, hacer frente a la impunidad, reducir la militarización de la seguridad pública, aún es necesario “intensificar los esfuerzos y aplicarlos debidamente en la práctica”.

“La privación arbitraria de la vida y la impunidad siguen siendo problemas graves en México, así como las reparaciones para las víctimas, que requieren voluntad política y esfuerzos concertados”, cita en el documento.

El informe de la ONU también subraya la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero, así como el asesinato de 10 personas y 21 lesionados durante una manifestación en Apatzingán, Michoacán, además de ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México.