El gobierno poblano, a cargo de Mario Marín en 2005, acusó indebidamente de difamación y torturó a la periodista, según resolvió el Comité de Derechos Humanos de la ONU
El 7 de abril, el gobierno mexicano le respondió que las conclusiones del informe de la Oficina del Alto Comisionado se habían realizado de manera apresurada y que eran prematuras