El desalojo violento de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan –en el que murió el niño José Luis Tehuatlie- así como la criminalización a los defensores de derechos humanos en Puebla, fueron expuestos por activistas ante el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, quien realizó una visita no oficial a la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.

Durante su participación en el foro “Defensores de Derechos Humanos en Riesgo”, Juan Carlos Flores Solís –quien estuvo preso por oponerse al Gasoducto Morelos- expuso la situación que viven los defensores de derechos humanos en la entidad, y resaltó que el gobierno estatal ha fabricado al menos 680 delitos para aprehender a los activistas que realizaron movilizaciones para exigir respeto a sus derechos.

Destacó el caso de Chalchihuapan en julio de 2014, y refirió que debido al uso de armas por parte de la autoridad falleció el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Asimismo, refirió que debido a este hecho fue puesto en prisión el ex presidente auxiliar, Javier Montes Bautista, quien hasta el momento está internado en el penal de San Miguel.

“En la realidad 680 delitos se han fabricado para criminalizar a defensores de derechos humanos, estos fueron repartidos por 20 movimientos sociales de descontento, donde hubo operativos y acciones de la fuerza política, la más agresiva el 9 de julio en Chalchihuapan”, dijo.

Acusan omisión de la CDHE ante violaciones

Flores Solís evidenció ante Michel Forst, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), encabezada por Adolfo López Badillo, ha sido omisa ante la violación de los derechos de opositores a la administración estatal.

Detalló que de 2011 a 2014 fueron entregadas al organismo 57 mil 784 solicitudes de intervención, de las cuales 6 mil 380 se volvieron quejas y 188 requirieron recomendación.

Además, señaló que la CDHE no ha hecho nada para solicitar a la autoridad que garantice las condiciones de salud de los presos políticos, como el líder de la organización “28 de Octubre”, Rubén Sarabia “Simitrio”.

“De 2011 a 2014, se hicieron 57 mil 784 solicitudes de intervención. Seis mil 380 se volvieron quejas y 188 han requerido recomendaciones; es decir, solo el 3 por ciento de las quejas se atendieron”, puntualizó.

Al menos 168 órdenes de aprehensión han sido ejecutadas

Flores Solís indicó que de las 258 órdenes de aprehensión emitidas por la autoridad, al menos 168 han sido ejecutadas contra personas defensoras de derechos humanos en la entidad.

Aunque no abundó en detalles respecto a este tema, el activista indicó que debido a sus procesos no todos los activistas detenidos han salido de la cárcel.

Sostienen reunión con relator de la ONU

En entrevista, Juan Carlos Flores indicó que este miércoles activistas sostuvieron una reunión con el relator especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michel Frost, para exponer de manera personal y privada los casos de violaciones de derechos humanos que se han registrado en la entidad.

Indicó que entre los temas a tratar estaban la represión a los periodistas de radios comunitarias, los presos políticos, los linchamientos suscitados en Ajalpan, así como la obstaculización que ha habido para emitir la Alerta de Género, que ayude a prevenir más feminicidios en Puebla.

Detalló que entre los asistentes estuvieron integrantes de la “28 de Octubre”, como Rita Amador; del movimiento “Cholula Viva y Digna”; y del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Fosypp); entre otros activistas.

“Más adelante vamos a dar una información más específica de los casos que se presentaron. Pero son de personas asesinadas o encarceladas. Los linchamientos en Ajalpan, la libertad de expresión y casos de periodistas en radios comunitarias. El proceso de feminicidios, como la obstaculización para emitir una alerta de género y los hostigamientos de los que han sido víctimas los familiares que exigen justicia por las mujeres desaparecidas o asesinadas”, comentó.

Relator recabará casos para realizar reporte

Aunque el relator de la ONU, Michel Forst, evitó dar una postura sobre las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en Puebla y en el país en general, indicó que el motivo de su visita fue de recabar casos para realizar un informe respecto a este tema.

Señaló que una vez que concluya su investigación, con la autorización de la ONU podrá dar a conocer una postura oficial sobre la situación que viven los defensores de derechos humanos en el país.

Comentó que además de Puebla, visitará Chihuahua, estado de México, Morelos y Chiapas, y se reunirá al menos con 80 activistas.

“El propósito de este viaje es reunir información por parte de las organizaciones civiles, defensores de derechos humanos, instituciones del país para preparar un reporte y llevarlo a las Naciones Unidas. Una vez que se publique este reporte, los embajadores podrán participar en este proyecto con los resultados que publique”, puntualizó.