El gobierno del estado tardará seis meses en hacer pública la información de los fideicomisos, entre ellos el que contrató con la empresa Evercore, que maneja desde noviembre de 2012 los ingresos recaudados por el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), los cuales se ocupan como garantía de pago de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

Así se advierte en la propuesta de Ley de Transparencia que este miércoles presentó el gobernador Rafael Moreno Valle y las fracciones aliancistas del Congreso local, la cual considera a los fideicomisos como sujetos obligados, aunque se agrega un candadoen el artículo noveno transitorio para mantener en reserva la información financiera que, por ejemplo, Evercore generó desde finales de 2012 hasta el 4 de mayo de 2015.

Arrancaría con candados

En la iniciativa que se aprobará el miércoles y que entrará en vigor el 5 de mayo, los poderes Ejecutivo y Legislativo proponen que los sujetos obligados tendrán un plazo de 6 meses –hasta noviembre- para cumplir con las 49 obligaciones en materia de transparencia que se marcan a nivel federal.

En el segundo párrafo del numeral citado se precisa que las nuevas obligaciones se aplicarán sobre la información que se generó a partir después del 5 de mayo de 2015, cuando quedó publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Los sujetos obligados cuentan con un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para cumplir con las obligaciones de transparencia referidas en el Título Quinto de la presente Ley. Lo anterior siempre y cuando no exista disposición en contrario emitida por el Sistema Nacional”.

“Las nuevas obligaciones establecidas en la presente Ley no contempladas en la Ley anterior, serán aplicables respecto de la información generada desde la entrada en vigor de la Ley General; es decir, desde el 5 de mayo de 2015”, señala el artículo noveno transitorio de la propuesta.

En febrero pasado, el periódico Reforma reveló que el gobierno estatal contrató a la firma Evercore, propiedad de Pedro Aspe Armella, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, para operar un fideicomiso en el que se concentrarían los ingresos generados por el ISN.

Sin embargo al tratarse de un fideicomiso que maneja una empresa privada, por ahora no es sujeto de fiscalización, aunque sus ingresos sean públicos.

Fideicomisos y sindicatos transparentarán información

Tal como lo anunció Moreno Valle, los fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y cualquier persona física o moral que haga uso de recursos públicos se convertirán en sujetos obligados, según se plantea en el artículo 91 del proyecto que no contó con el respaldo del PRI y PVEM 

Los datos que tendrán que transparentarse son: el nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomiso, al fiduciario y al fideicomiso, la unidad administrativa, el monto total, el uso  y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban.

Además del saldo total al cierre del ejercicio fiscal; las modificaciones de los contratos o decretos del fideicomiso o fondo público; el padrón de beneficiarios; las causas por las que se inicie un proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público; y los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones.

En cuanto a los sindicatos, la información que deberán tener actualizada son: los contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, el directorio del Comité Ejecutivo o equivalente, el padrón de socios, y la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos.

Para consultar la iniciativa haga clic aquí.