El Congreso local ofreció a agrupaciones civiles incluir en la iniciativa para homologar la Ley de Transparencia de Puebla, 31 de los 34 puntos que propusieron para legislar el acceso a la información, los cuales ubican como sujetos obligados a los fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y todo aquel ente que reciba recursos públicos.

La tarde de este lunes, el presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, Jorge Aguilar Chedraui, encabezó una reunión con integrantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), de Puebla Vigila y Coparmex, para discutir la propuesta que deberá aprobarse antes del 4 de mayo.

Por la mañana, esas agrupaciones acusaron a los diputados de actuar con “simulación” y una “opacidad pasmosa” al armonizar la legislación de Puebla con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues indicaron que el tema no fue abierto al escrutinio de la sociedad civil. 

Al término del encuentro, que se desarrolló en el Congreso local, el legislador –de extracción panista– afirmó que la iniciativa contempla 31 de los 34 puntos que las organizaciones presentaron.

De esta forma se incrementaron a 49 las obligaciones en materia de acceso a la información pública, así como los sujetos obligados, entre los que se encuentran fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y “todo aquel que reciba recursos de origen público” –dijo-.

En entrevista, indicó que las categorías para clasificar información pública como “reservada” o “confidencial”, se redujeron a nueve, además de que se esclarecieron otros términos de la normativa.

La iniciativa es “colectiva”

“La nueva ley será una de las mejores del país”, sostuvo el legislador panista, quien dijo que el documento fue elaborado por diversos entes públicos, tales como el gobierno del estado, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), el Poder Legislativo y actores de la sociedad civil.

Comentó que, incluso, este lunes también sostuvieron una reunión con Patricia Kurczyn Villalobos, quien es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Chedraui indicó que será la próxima semana cuando la iniciativa sea discutida en comisiones unidas de Gobernación y Transparencia, posterior a lo que sostendrán nuevas reuniones con las organizaciones civiles.

Organizaciones ven “bien” la iniciativa  

En una entrevista posterior, Rafael Hernández García Cano, titular de la Amedi capítulo Puebla, indicó que tras revisar un documento ejecutivo de la propuesta, esta parece adecuada, sin embargo refirió que requieren leer el documento final para emitir una opinión sobre el mismo.

El académico confirmó que los legisladores informaron que fueron incluidas 31 de las 34 propuestas que presentaron, lo que consideró adecuado.

Explicó que los tres puntos que no fueron contemplados tienen que ver con procesos electorales y datos personales, los cuales ya están incluidos en otras normativas, según les comentaron los diputados locales, así como con los acuerdos de reserva de información pública, el cual se abordará posteriormente.

En cuanto a la determinación de “confidencialidad” de la información pública, Hernández refirió que este término aún es ambiguo, sin embargo consideró que ello es adecuado, pues los criterios de clasificación deben analizarse en cada caso.

Sobre las innovaciones que otros estados han presentado al actualizar sus leyes de transparencia, como incluir gobiernos digitales o parlamentos públicos, indicó que basta con que Puebla logre armonizar la ley estatal a la federal.