Ante los constantes yerros del Instituto Electoral del Estado (IEE), la legisladora del PVEM, Geraldine González Cervantes presentó un punto de acuerdo para que desde la Cámara de Diputados se hagan reformas a la Legipe y se establezcan  como causales de remoción de los consejeros mostrar parcialidad, subordinación, negligencia e ineptitud.

La propuesta de González Cervantes se presentó en medio de la crisis de credibilidad que enfrenta el IEE por las decisiones aprobadas en torno a la solicitud de registro como candidata independiente de Ana Teresa Aranda Orozco y el freno que se intentó poner al PRD y a su abanderada  Roxana Luna  Porquillo.

La perredista y Aranda Orozco acusaron que los acuerdos aprobados por los consejeros electorales con los cuales se pretendió bloquear sus postulaciones, son órdenes del gobernador Rafael Moreno Valle, con quien  cinco de los siete consejeros están ligados.

González Cervantes apuntó que  a los casos de Luna Porquillo y la expanista se suma la negativa con la que le órgano electoral condicionó que el Partido Encuentro Social (PES) se sumara la postulación de Blanca Alcalá  Ruiz  bajo la figura de candidatura común.

 La integrante del PVEM manifestó que las determinaciones que afectaron tanto a las aspirantes a la gubernatura como al partido político, son una muestra de la parcialidad con la que actúan los integrantes de Consejo General del IEE, aspecto que ya exhibió  el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Agregó que son notorias la negligencia e ineptitud con las que actúa el Instituto Electoral del Estado (IEE), el cual debería garantizar que el proceso comicial se dé con certeza, legalidad e independencia con los poderes del estado.

La iniciativa de reforma de la pevemista contempla cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la  Ley General en Materia de Delitos Electorales, mismos que tendrían que aprobarse en la Cámara de Diputados.

Para el primer ordenamiento, la propuesta es que  cuando menos la mitad de los integrantes de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales, deberán ser profesionales del derecho.

Además, que dentro de las causales de remoción –las cuales se señalan en los artículos 102 y 117 de la Legipe- se considere que si el  actuar de los consejeros se da con parcialidad, subordinación, negligencia, ineptitud o descuido de aquellos, así como que en el caso de los magistrados de los tribunales electorales locales,  se establezca como motivo la revocación constante de sus determinaciones por parte de las autoridades competentes.

González Cervantes también plantea cambios a los artículos 8 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los cuales advierten que conductas constituirán un delito electoral por parte de los funcionarios electorales y los servidores públicos.

La legisladora local contempla un aumento en las sanciones de los delitos electorales, para los funcionarios se fijaría una multa de 50 a 200 días de salario mínimo y una penalidad de 2 a 6 años de prisión; mientras que para los servidores públicos el castigo iría de 200 a 400 días de salario mínimo y de 2 a 9 años de cárcel.

Tras presentar la propuesta, González Cervantes pidió a los integrantes de la Mesa Directivo, de la cual tienen mayoría los diputados aliancistas (PAN, Nueva Alianza, PT, CPP), que se dispensaran los trámites legislativos y que la iniciativa se enviara a la Cámara de Diputados.

En la votación, Patricia Leal Islas (PAN), Carlos Martínez Amador (PRD), Mariano Hernández Reyes (PT), Sara Chilaca Martínez (CPP), y Maiella Gómez Maldonado (Nueva Ailanza), votaron en contra  y turnaron la iniciativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.