• Política

Con reforma constitucional, PRI propone limitar PPS

  • María Pineda
La iniciativa facultará al Congreso para autorizar créditos al estado y municipios
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Para tener un control sobre la deuda pública, la contratación de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), la afectación a los ingresos y la conformación de fideicomisos, el diputado del PRI, José Chedraui Budib presentó una iniciativa de reforma a la constitución.

La propuesta del legislador contempla cambios a cinco artículos y sus fracciones de la Constitución local, en los cuales se facultara al Congreso a revisar la capacidad de pago y a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a imponer sanciones.

En entrevista, Chedraui Budib precisó que los cambios a la constitución son para cumplir con la homologación a la que están obligados todos los Congresos locales tras la aprobación que la Cámara de Diputados hizo la Ley de Disciplina Financiera.

El integrante de la fracción del Revolucionario Institucional (PRI) expuso que el no contar con candados en materia fiscal, permitió que el gobierno de Rafael Moreno Valle contratara PPS para concretar obras sin que se transparenten los montos.

Expuso que la administración del panista sólo reconoce el capital de las obligaciones contraídas, pero no el pago que se generarán por los intereses, los cuales se triplicarán.

La iniciativa de reforma constitucional contempla en el artículo 57 fracción VIII párrafo segundo que el Congreso autorizará por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, los "montos máximos" para la contratación de financiamientos y obligaciones.

Respecto a las sanciones, el proyecto prevé en el apartado 114 que los servidores públicos que no observen las disposiciones en materia de disciplina financiera, la ASE determinará la responsabilidad con lo previsto en la legislación aplicable.

La actual administración estatal reconoce como PPS a tres obras: el Centro Integral de Servicios (CIS), el Museo Internacional Barroco (MIB) y la plataforma para Audi, las cuales asciende a 8 mil 194 millones, cifra que se terminará de pagar hasta el 2038 y que este año afectará el 54.7 por ciento de la recaudación total del Impuesto Sobre la Nómina.

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