La Secretaría de Educación Pública (SEP) se niega a reconocer el triunfo de docentes en  tribunales laborales, mismos que ordenaron su reinstalación, denunció el Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) que aseguró que la intención del gobierno del estado es heredar el laudo, que rebasará los cuatro millones de pesos, a la administración que viene.

Miguel Guerra, líder nacional de la disidencia magisterial, confirmó a este medio

que la mesa de negociación instalada por funcionarios de la SEP, celebrada el pasado jueves, sólo ha servido para retrasar el trámite y burocratizar el laudo que ha sido obtenido. Funcionarios nuevamente ha pospuesto la reunión para el próximo 15 de abril, informó.

Para el líder del CDMP, Gilberto Maldonado Maldonado, la negativa para resarcir el daño originado por el despido injustificado ha sido dictada por el gobernador Rafael Moreno Valle quien busca heredar el pago del laudo favorable a la siguiente administración.

“Le van a dar largas a la resolución del conflicto. El objetivo es ganar tiempo y dejar broncas al gobierno que viene. El pago de salarios caídos en cuatro años y compensaciones puede rebasar los 228 mil pesos por cada uno de los más de 11 casos que han llegado al tribunal”, explicó.

En junio de 2012  profesores de todo el país  rechazaron la prueba ENLACE.  Como respuesta en Puebla, el gobierno de Moreno Valle  despidió a 40 directores de primaria y secundaria. De entonces a la fecha  sostienen un  litigio laboral diez maestros democráticos. Hace quince días se dictó laudo a favor de Joaquín Aguilar Aguilar.

La resolución a favor de Aguilar, maestro de la Mixteca implica el triunfo del resto de docentes: Rigoberto Ortiz Martínez, Ramiro Arciga Martínez, María Armenia Alejandra Izquierdo, Moisés Tigre Aquino, Teódulo Rangel Guzmán , Rodolfo Vázquez Hernández, Eulogio Solano Leal, Cecilio Aguilar Rodríguez, y  el maestro de grupo, Miguel Guerra Castillo, por constar en el mismo proceso y litigio laboral.

La represión que sufrieron otros miembros del CDMP por castigo a su disidencia la sufrió también Fermín Naranjo a quien cambiaron injustificadamente de plantel a más de cinco horas de transporte de su lugar de trabajo original, como forma de escarmiento por mostrar su oposición a la reforma educativa.

Casos similares de persecución laboral fueron registrados por Zenón  González Aguilar,  Carlos Linares Romero y la maestra indígena de prescolar Miriam Bautista, de Huauchinango, la única que cuenta con laudo a  favor  desde  hace un año y a la fecha la SEP y el Tribunal se niegan a darle adscripción y el pago de  salarios caídos. El laudo de todos los maestros democráticos podría rebasar los cuatro millones de pesos.