El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reconoció que desconoce la iniciativa de ley de Puebla para que sea homologada con la Ley General de Transparencia, como lo había señalado la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.

En la solicitud de información pública con el folio 0673800030816, la oficina de la comisionada Kurczyn rectificó la declaración de la funcionaria con la que inauguró los trabajos de la Gira por la Transparencia en Puebla, en la que felicitó  “el esfuerzo para cumplir con reformar la legislación poblana”.

Esta casa editorial solicitó  en copia simple la iniciativa para armonizar la ley de transparencia local de Puebla con la Ley General de Transparencia a la que se refirió la comisionada Patricia Kurczyn Villalobos durante el evento organizado por el Congreso local el mes pasado.

En su respuesta, el INAI aceptó que el documento al que se refirió la comisionada fue la Iniciativa de Decreto en materia de Gobierno Digital, presentada ante el Congreso el 24 de junio de 2015 por los diputados Patricia Leal Islas,  Francisco Rodríguez Álvarez y  Antonio Rodríguez Acosta.

Esa propuesta legislativa plantea reformar los artículos 58 y 80, en los que se considera necesario que, en caso de que se presenten documentos que se estimen puedan ser falsos en la interposición del recurso de revisión ante la Comisión de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (CAIP), las autoridades puedan requerir el cotejo, esto con el objeto de armonizar a la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Puebla y sus Municipios, únicamente.

El INAI justificó que esta iniciativa fue hecha del conocimiento de la Comisionada a través de la Dirección y Coordinación con las Entidades Federativas.

Luego que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAFPG) el 4 de mayo de 2015, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuentan con un plazo de un año para armonizar sus correspondientes legislaciones locales.